El Gobierno rectifica: la exportavoz de Gestoras Pro Amnistía de ETA ya no formará a Policía y Guardia Civil en violencia de género
El SUP había tachado de «despropósito» y una «humillación sin precedentes» que la Delegación del Gobierno en el País Vasco haya elegido a una persona con el historial de Atziber Bañuelos para este cometido
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Se había visto a etarras con delitos de sangre en las listas de Bildu; nuevos homenajes a terroristas; el blanqueamiento de esa formación abertzale y el intento de reconstruir un relato alternativo del terrorismo de ETA, en el que se equipara a las víctimas con los verdugos. Pero lo que nadie podía imaginar es que la Delegación del Gobierno en el País Vasco fuera a contratar los servicios de Atziber Bañuelos, ex portavoz de Gestoras Pro Amnistía, como formadora de funcionarios, entre ellos policías y guardias civiles, en violencia de género.
Fue el Sindicato Unificado de Policía (SUP) del País Vasco el que denunció este «despropósito», que las Fuerzas de Seguridad vivían como una «humillación» ya que una mujer que había defendido la impunidad de esos asesinos iba ahora a dar lecciones a los agentes que combatieron contra la organización terrorista y que con sus investigaciones propiciaron la ilegalización de Gestoras, uno de los principales grupos de apoyo de la banda imprescindibles para su regeneración después de cada golpe policial.
De hecho, en septiembre de 2008 la Justicia había considerado probado que Gestoras Pro Amnistía era una organización terrorista dedicada a transmitir instrucciones de la banda a los presos de ETA y a marcar objetivos para la comisión de futuros atentados. Veintiuno de sus miembros fueron condenados en su día por la Audiencia Nacional.
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Ante el escándalo provocado por la denuncia del SUP, la Delegación del Gobierno reaccionó a primeras horas de la tarde para informar que había suspendido esa «colaboración» con la experta. En un comunicado, aseguró que «desea pedir disculpas en primer lugar a las víctimas del terrorismo, respecto a las cuales el Gobierno ha manifestado permanentemente su profundo respeto y la más alta consideración».
El delegado gubernativo, Denis Itxaso, justificó el disparate en estos términos: «Lamentamos que los autores de la denuncia (...) no se hayan puesto hasta la fecha en contacto con esta Delegación del Gobierno en el País Vasco para hacernos llegar las circunstancias que denuncian en su nota».
Añadió Itxaso que «se ha obrado de buena fe en todo momento. Se ha recabado el consejo y asesoramiento de la Universidad del País Vasco para contar con una especialista (...) , si bien reconocemos no haber escrutado el historial de carácter político de la persona que se nos recomendó, al parecer portavoz de las que Gestoras pro Amnistía a finales de los 90».
«¿Ahora resulta que es un sindicato policial el que tiene que fiscalizar a qué personas contrata la Delegación del Gobierno?», se preguntan fuentes del SUP, que consideran «una excusa débil y poco creíble» la justificación del delegado gubernativo.
En este sentido, fuentes policiales consultadas por ABC dudan de que Itxaso, o al menos alguien de la Delegación, no conociera el historial de Atziber Bañuelos, porque era de dominio general, al menos, en amplios sectores de la Jefatura Superior de Policía del País Vasco. Consideran por tanto que solo ha rectificado ante la magnitud del escándalo provocado por la denuncia.
La Delegación del Gobierno había justificado el curso en que «corresponde a los poderes públicos la prevención, detección, atención y erradicación de este tipo de violencia y la adopción de medidas para hacer efectivos y reales los derechos fundamentales de las mujeres que la sufren y de sus hijos e hijas». Encomendaba dicha formación a «Atziber Bañuelos Ganuza, formadora en violencias machistas e implementación de la perspectiva de género en el acompañamiento a víctimas en la UPV/EHU».
«Para el SUP resultaba «un auténtico despropósito que la Delegación de Gobierno en el País Vasco haya designado para formar a policías y guardias civiles (entre otros funcionarios) a la que fuese portavoz de las Gestoras Pro Amnistía, estructura dependiente de ETA-EKIN desarticulada por la Policía Nacional e ilegalizada por la Audiencia Nacional a principios de la década de los 2000».
«Como tantos otros -continuaba el sindicato policial-, esta militante y activista ha sido durante años dinamizadora y participante habitual de las movilizaciones, manifiestos, comunicados de apoyo a los presos de ETA y cualquier otra iniciativa puesta en marcha contra el Estado desde la Izquierda Abertzale».
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