El embajador en Venezuela con Zapatero se declara culpable de un delito fiscal y asume 10 meses de cárcel

Morodo comparecía acusado de delitos contra la Hacienda Pública por los que la Fiscalía Anticorrupción pedía para él tres años y medio de cárcel, solicitud que ha menguado al reconocer los hechos, asumir la pena y afrontar la multa.

Misma estrategia ha seguido su hijo, Alejo Morodo, que llegaba al juicio con una petición de ocho años y medio de cárcel y tras la conformidad con Anticorrupción, se queda con dos penas de 18 meses y 6 meses de cárcel por los dos ilícitos contra la Hacienda Pública que ha reconocido.

La discrepancia lo ha sido de Ana Caterina Varandas, mujer de Alejo Morodo y que estará en el banquillo cuando las sesiones del juicio se reanuden este martes. Ella no ha alcanzado acuerdo alguno de conformidad y afronta por el mismo tipo de delitos ocho años y medio de cárcel y 1,3 millones de euros de multa.

Los tres fueron procesados en enero de 2023 tras una instrucción judicial que arrojó indicios de que habían utilizado un entramado societario para eludir el pago del IRPF sobre los ingentes beneficios que estuvieron obteniendo en los años 2013, 2014 y 2017 por una supuesta actividad de asesorías a la petrolera estatal venezolana, Pdvsa.

Se trata de Aequitas Abogados, Furnival Barrister y Morodo Abogados, sociedades que según las conclusiones de la investigación, «carecían de medios personales y materiales y de actividad comercial para facturar los servicios que, de acreditarse su efectiva prestación, sólo ejecutaría Alejo Morodo», pero tributó en el impuesto de sociedades porque así, pagaba menos. En este mecanismo participó su mujer en el año 2013, cuando «además de eludir la tributación de las rentas, ocultaron ingresos injustificados que recibió ella». Juntos, habrían defraudado 617.442,62 euros en 2013 y 315.273 euros en el ejercicio siguiente.

En cuanto a su padre, en otro tiempo embajador, el auto de procesamiento apuntaba que «parte de las ganancias obtenidas» a través de dos de las empresas «se integraron en su patrimonio» y él, «las ocultó a Hacienda». Fueron en 2013 y 2014 un total de 357.970 euros por los que habría defraudado una cuota de 126.222, según la resolución judicial.