Los exdirectivos procesados de la Banca Privada de Andorra recusan al tribunal
Varios acusados tratan de apartar a los jueces del caso alegando vulneración de derechos
Denuncian que uno de los magistrados conocía desde 2013 que la 'Policía patriótica' investigaba a la entidad de forma «ilegal»
Los exdirectivos de la extinta Banca Privada de Andorra (BPA) que estos días se sientan en el banquillo del Principado acusados de blanquear dinero procedente de la organización criminal presuntamente liderada por el empresario chino Gao Ping planean sumar fuerzas en una nueva estrategia ... conjunta. Entienden que se está vulnerando su derecho a un juez imparcial y a un proceso equitativo y por ello van a tratar de apartar a los tres magistrados que componen el tribunal que les está juzgando. Así consta en el incidente de recusación que las defensas de varios procesados presentarán una vez se reanude la vista oral en septiembre y al que ha tenido acceso ABC.
El primer motivo que esgrimen los abogados es que el magistrado Enric Anglada, presidente del Tribunal de Corts andorrano, sabía desde 2013 que la llamada Policía 'patriótica' del Gobierno de Rajoy estaba investigando a los directivos de la BPA de manera «espuria».
Por aquellas fechas, Anglada tenía plaza en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y fue uno de los jueces encargados de juzgar al exalcalde de Lloret de Mar (CDC), Xavier Crespo, acusado de favorecer al empresario ruso Andrei Borisovich Petrov en un proyecto urbanístico a cambio de sobornos.
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Ya entonces –apuntan los letrados– el abogado de Petrov aseguró en la fase de cuestiones previas que la investigación contra su cliente fue prospectiva y empezó «sin autorización judicial». «Consideró que se instrumentalizó a Petrov, vinculándolo a la mafia rusa, para poder investigar también a la banca andorrana y al capital ruso».
El magistrado Anglada acabó rechazando los argumentos expuestos por la defensa de Petrov y le condenó. «Ha tenido conocimiento previo de los hechos que en la actualidad se están juzgado en la causa», aseguran ahora en su escrito los abogados de la cúpula de la BPA. «El magistrado Anglada conoce desde el año 2013 que la Policía española y americana estaban investigando a los directivos de BPA» –prosiguen–de forma «prospectiva e ilegal» y provocando que el FinCem (Finanzas Crime Enforcement Network, dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos) emitiera una alerta en contra de la entidad bancaria andorrana sobre una hipotética práctica de blanqueo de capitales, que habría precipitado su intervención, liquidación y caída en marzo de 2015.
Además de ver vulnerado su derecho a un juez imparcial, los abogados de la cúpula de la BPA también entienden que se está vulnerando su derecho a tener un proceso equitativo. Por ello solicitan que tanto Anglada como los otros dos magistrados que componen el tribunal –Concepción Barón y Jacques Richiardi– se aparten. Denuncian una «posible prevaricación» porque, a diferencia de lo que ha ocurrido en el caso de la BPA, sí habrían archivado un caso «similar» que afectaba a un presunto narcotraficante «para favorecer a un amigo personal» de otro magistrado, José María Pijuan, así como a la empresa donde «trabaja la esposa de Enric Anglada», exponen en el escrito.
La ofensiva judicial de los Cierco: una indemnización y la operación Cataluña
La familia Cierco, propietaria de la extinta Banca Privada de Andorra (BPA), siempre ha defendido que tanto la entidad como su filial en España –Banco Madrid– cumplían con todos los requisitos legales y nunca dieron «cobertura a delincuentes». También han denunciado que su intervención fue injusta y estuvo motivada por «motivos políticos». Por ello, Higini Cierco ha sido uno de los impulsores de la querella interpuesta en Andorra contra el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y sus ministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, a los que acusa de enviar a la 'Policía patriótica' para ejercer una «presión intolerable e ilegal sobre las autoridades andorranas» en el marco de la denominada operación Cataluña. En nuestro país, además, ha presentado una demanda en la Audiencia Nacional. Reclama al Banco de España el pago de una indemnización de 141 millones de euros por provocar la liquidación del Banco Madrid por blanqueo, una acusación que archivó un juzgado de la capital.
Acusados de blanqueo
Tras varias suspensiones con motivo de la recusación de uno de los miembros del tribunal, por Covid o permisos de paternidad, el juicio que se viene celebrando en Andorra se reanudará tras las vacaciones el próximo 12 de septiembre.
En el banquillo de los acusados se sientan el exconsejero delegado de la Banca Privada de Andorra Joan Pau Miquel y otros 23 procesados como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales que se circunscribe al dinero que el empresario Rafael Pallardó ingresaba en la entidad procedente de los negocios de Gao Ping.
Los hermanos Higini y Ramón Cierco, accionistas mayoritarios de la BPA así como el resto del Consejo de Administración no fueron procesados y quedaron fuera del caso porque no tenían funciones ejecutivas, solo representativas y de supervisión institucional.
Además, en el Derecho Penal andorrano no existe el delito de la persona jurídica que sí se incorporó en España en el año 2015, por lo que la Banca Privada de Andorra solo está en el procedimiento como responsable civil subsidiaria.
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