Eugenio Ribón: «Habríamos reaccionado igual si ocurre con la mujer de Sánchez»

-¿Por qué tanta contundencia en este asunto por parte del Colegio de la Abogacía?

-El secreto de defensa es inviolable y es sagrado. Es la base sobre la que se construye la tutela judicial efectiva y la piedra angular de la democracia de un Estado de derecho. Cuando se quebranta el secreto de defensa se está afectando a la esencia misma del procedimiento y, por lo tanto, en un extremo de esta absoluta gravedad, el Colegio de Abogacía de Madrid no tiene otro remedio que actuar no sólo en defensa de la abogacía, que son más de 75.000 compañeros, sino en defensa de la sociedad. Por eso el único cauce posible es la presentación de la denuncia para depurar las responsabilidades y asegurar que se establece en los mecanismos necesarios para que esto no vuelva a suceder.

-Ustedes diferencian el comunicado de la filtración en sí...

-Efectivamente, hay dos planos totalmente diferentes. Un plano es lo que se pueda filtrar a través de un medio de comunicación que, aunque pueda resultar indeseable para el proceso, está ejerciendo una labor de difusión de información de interés general; y otro plano muy distinto es el rol institucional que ha de mantener la Fiscalía, que por razón de su propio estatuto orgánico y del principio de confianza que se establece entre las partes, está sujeta a un principio de confidencialidad, de sigilo y de reserva por aquellos hechos que hubiera podido tener conocimiento por razón de su cargo u oficio. Y ahí es donde se produce esa quiebra absoluta. La comunicación oficial con detalles, horas, entrecomillados de una conversación que se produce en un comunicado oficial de la Fiscalía es un hecho inédito, insólito, sin precedentes. Esto ha despertado en la memoria del colectivo de la abogacía aquellas escuchas del juez Garzón en las que también se vulneró y se quebrantó el principio del derecho de defensa, pero en aquella ocasión, el colegio no reaccionó con la suficiente entidad.

-La Fiscalía dice en su defensa que sacó esa nota para que no quedara ninguna duda sobre la actuación de los fiscales.

-La Fiscalía podía haber manifestado su disconformidad de otro modo, simplemente negando los hechos, y ahora estaríamos en otro escenario distinto.

-El otro día, en la lectura de su manifiesto, anunciaron que dejaban en suspenso el protocolo de conformidad firmado con la Fiscalía mientras no se garantice esa confidencialidad.

-Sí, porque a la luz de lo acontecido, es palmario que no se dan las circunstancias adecuadas para poder negociar con el Ministerio Fiscal en un marco en el que se asegure ese secreto de las comunicaciones y esa confidencialidad. Piense usted que si esas negociaciones finalmente no se traducen en un acuerdo, con un reconocimiento de los hechos por parte de quien todavía no ha sido juzgado, y eso trasciende, el ciudadano queda absolutamente condicionado no solo ante el resto de la sociedad, sino ante el propio juzgador. Al revelar estos datos se contamina la esencia misma del proceso.

-¿Y dónde queda la presunción de inocencia ahora que se han abierto diligencias previas y se ha imputado al afectado?

-Por eso una de las cuestiones que se pone en evidencia es que al hacer público estos datos por parte del propio Ministerio Fiscal se está dinamitando ese principio de confianza con el que se otorgó ese reconocimiento inicial de los hechos. Y por eso queda ineludiblemente contaminado y tendrán que ser los tribunales los que valoren el alcance de ese comunicado y la proyección que pueda tener en el caso concreto.

-Hay sectores dentro y fuera de la Abogacía que acusan al Colegio de haber reaccionado así por tratarse de la pareja de Ayuso...

-El Colegio de la Abogacía de Madrid no defiende a afectados concretos ni está actuando en defensa de un caso particular; lo que defiende es el derecho de defensa y, por lo tanto, el principio de la tutela judicial efectiva, que es la base de nuestra convivencia en cuanto a que asegura la separación de poderes en un marco constitucional. Habríamos reaccionado exactamente igual si este caso se produce con la mujer del presidente Sánchez o con un ciudadano anónimo.

-Justo antes de la lectura del manifiesto les convocó el fiscal general. ¿Qué les transmitió?

-En lugar de hacer una reflexión de la improcedencia del comunicado oficial y buscar cualquier vía que pudiera poner coto a esta irregular situación, nos encontramos con que se presentó como víctima de esta situación. La solución que nos planteó fue la emisión de un comunicado conjunto en tono conciliatorio. Y eso no es el cauce ni para reparar esta situación ni para prevenirla en el futuro.

-¿Qué recorrido cree que tendrá la denuncia del Colegio de la Abogacía?

-No me cabe duda que se llegará a identificar a los autores del comunicado porque no es una declaración espontánea, sino un acto premeditado, ordenado y que, de modo inédito, sale del gabinete de comunicación de una fiscalía. Por lo tanto, debe haber un autor material y debe haber un autor también intelectual, que es quien haya dado la orden de enviar ese comunicado. Y en definitiva, eso deja un rastro en la cadena de mando. Lo que hay que dilucidar, a través de las correspondientes diligencias de investigación, es quién es el responsable de la difusión de ese comunicado, que era tan insólito que tuve que llamar para asegurarme de que no era una 'fake new'. Nos dejó totalmente estupefactos.