Los 25 etarras que Urkullu ha dejado en semilibertad suman 5.000 años de cárcel

No fue hasta el pasado mes de febrero cuando el País Vasco empezó a conceder esos terceros grados a etarras que el Gobierno central va trasladando a las tres prisiones de esa comunidad. En sólo medio año, hasta agosto, la coalición que comparten PNV y Partido Socialista de Euskadi (PSE) dejó en semilibertad a 25 etarras con condenas que suman cerca de 5.000 años de cárcel. En septiembre no ha anunciado ninguno, aunque lo seguirá haciendo en próximos meses, toda vez que el Ejecutivo vasco presume de su política penitenciaria, que apuesta por favorecer el régimen de semilibertad.

Entre esos 25 etarras tampoco faltan algunos que, lejos de arrepentirse, se jactaban hasta hace no hace mucho de estar dispuestos a volver a matar tan pronto como pudieran. Es el caso de Iñaki Bilbao, el mismo que insultaba y amenazaba de muerte a magistrados de la Audiencia Nacional durante los juicios y que todavía en 2018, hace apenas cuatro años, decía cosas como esta: «Si me dieran otra oportunidad en esta vida, cogería un arma y retomaría la lucha armada aunque fuera yo sólo».

Pues esa oportunidad se la dio el pasado mes de mayo el Gobierno vasco al concederle el tercer grado para que saliera a la calle. De momento no podrá hacerlo gracias a que la Audiencia Nacional revocó esa medida pocas semanas después.

Y es que la política penitenciaria de los Gobiernos de Urkullu y Sánchez sólo está encontrando freno en la propia Audiencia Nacional, donde la Fiscalía ha recurrido dos de cada tres semilibertades de la administración vasca a presos etarras. De las 24 que concedió entre febrero y marzo —otra, la de Mikel Arrieta, se limitó a mantenerla—, la Fiscalía ya ha presentado recurso contra 16. Y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria le ha dado la razón en las dos primeras sobre las que se ha pronunciado. Hay otras 14 pendientes de resolver por la Audiencia Nacional.

A todos los anteriores hay que sumar a Asier Carrera, todavía en segundo grado, pero en la versión más flexible, que contempla el artículo 100.2 del Reglamento General Penitenciario, lo que le habilita para ciertos permisos antes de llegar a la semilibertad. Carrera fue condenado a 100 años de cárcel por el asesinato del socialista vasco Fernando Buesa y su escolta Jorge Díez.

ABC ha recopilado los nombres, condenas y principales delitos cometidos por esos 25 presos de ETA que han quedado en semilibertad durante el último medio año gracias a los traslados de Sánchez y a los terceros grados del PNV. El resultado es este:

Fue condenado a una pena milenaria por intentar provocar una masacre en la estación madrileña de Chamartín explotando un tren procedente de Irún en la Nochebuena de 2003, en el que viajaban cerca de 200 personas. Ocurrió pocas semanas antes de que el terrorismo yihadista hiciera lo mismo con los atentados del 11-M.

Conocido por su alias de 'Fiti', cometió hasta 15 asesinatos. Cumplía su pena en 2026, pero desde hace siete meses sólo va a la cárcel a dormir. Formaba parte de la cúpula de ETA detenida en el histórico golpe policial de Bidart (Francia) en 1992.

Condenado a casi cuatro siglos de cárcel por un atentado junto al estadio Santiago Bernabéu en un Madrid-Barça de 2002, en el que resultaron heridas 22 personas, y por intentar asesinar ese mismo año a los exministros socialistas José Barrionuevo y Matilde Fernández.

Participó en cuatro asesinatos, los del exministro socialista Ernest Lluch, los concejales del PP catalán Francisco Cano y José Luis Ruiz Casado y el de un agente de la Guardia Urbana de Barcelona, Miguel Gervilla.

Asesinó a José Aybar Yáñez, jefe de la Policía Local de Baracaldo (Vizcaya) en 1982, y ese mismo año a dos policías nacionales y la novia de uno de ellos en un bar de la localidad vizcaína de Sestao, donde también dejó otros agentes heridos. Ya estaba en tercer grado y el Gobierno vasco lo ha mantenido en ese régimen de libertad.

Condenado a más de 68 años de cárcel por asesinar a Juan Priede, concejal socialista de Orio (Vizcaya), y amenazar a jueces de la Audiencia Nacional con frases como «te voy a dar siete tiros, fascista de mierda, te voy a arrancar la piel a tiras». Durante una visita en la cárcel en 2018, confesó a su interlocutora que «si me dieran otra oportunidad en esta vida, cogería un arma y retomaría la lucha armada aunque fuera yo sólo». El Gobierno vasco le concedió el tercer grado en mayo y la Audiencia Nacional lo revocó pocas semanas después.

También fue condenado hace dos años por un atentado contra la Guardia Civil en Villafranca de Ordicia (Guipúzcoa) en 1983, en el que murió el agente Miguel Mateo y otros dos resultaron heridos. Aunque le impusieron una condena de 74 años, a efectos prácticos no le afecta porque las anteriores sentencias ya superan el tiempo máximo que puede permanecer en prisión.

Fue jefe del comando Donosti. Condenado por dos atentados, pertenencia a banda armada, tenencia de explosivos y deposito de armas.

Secuestró a una familia española en Francia, con un niño de 4 años, para robarle la autocaravana, que ETA utilizó luego para atentar contra una instalación de Red Eléctrica en Castellón durante el verano de 2007

Intentó asesinar hasta cinco veces al expresidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa (PNV), y al sargento José Carollo. Es, junto a Iñaki Bilbao, el otro etarra al que la Audiencia Nacional revocó en junio el tercer grado que le había concedido el Gobierno vasco sólo un mes antes.

Miembro del comando Buruntza, que fue desarticulado cuando acumulaba 200 kilos de dinamita, lanzagranadas, subfusiles y otras armas y municiones de guerra.

Es uno de los asesinos de Alfonso Parada, subteniente de la Guardia Civil retirado al que ETA mató en 1998 en Vitoria. Fue detenido cuando conducía una furgoneta con 1.700 kilos de explosivos para atentar en Madrid.

Facilitó el asesinato de Máximo Casado, funcionario de la prisión de Nanclares de la Oca, al que ETA asesinó en Vitoria gracias a la información ofrecida por Subijana.

Participó en los secuestros de los empresarios vascos José María Aldaya y Cosme Delclaux.

Miembro del comando Araba, fue condenado por un atentado en un concesionario de Renault y por amenazas a funcionarios de una prisión cordobesa.

Condenado por daños, desórdenes públicos, incendios y lesiones.

Asociación ilícita, depósito y tráfico de armas, estragos e incendios relacionados con la 'kale borroka'.

Atentó contra una sucursal de Caja Vital en Vitoria en 2000, causando importantes daños materiales, por lo que fue condenado por estragos e integración en organización terrorista, entre otros delitos.

Acumula una condena de un cuarto de siglo por colaboración con banda armada, daños, incendio, lesiones, desórdenes públicos y tenencia de explosivos. La Audiencia Nacional le revocó el tercer grado que le concedió el Ministerio del Interior el año pasado, pero el Gobierno vasco se lo volvió a conceder tras asumir esa competencia.

Intentó asesinar a dos agentes de la Ertzaintza en Portugalete (Vizcaya), que resultaron heridos, en 2001. También fue condenado por daños y estragos.

Condenado por pertenencia a organización terrorista, tenencia de armas y explosivos, falsificación y hurto. Perteneció a la ilegalizada Batasuna, en la que ejercía como enlace con ETA. El Gobierno vasco le ha concedido el tercer grado que la Audiencia Nacional le revocó sólo cuatro meses antes por considerar que no había arrepentimiento expreso.

Condenada junto al anterior, Unai Fano, por delitos similares. Fueron detenidos en Francia en 2008 cuando preparaban un atentado «inminente», según la propia sentencia de la Audiencia Nacional.

Fue detenido en Cañaveras, un pequeño pueblo de Cuenca, cuando conducía un vehículo con más de 500 kilos de explosivos.

Incendió un autobús en Basauri (Vizcaya) para apoyar una huelga de hambre de presos de ETA. El conductor sufrió importantes heridas con quemaduras en la cara y las manos

Es el etarra al que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dio la razón este año instando a la Justicia española a revisar su condena por considerar que se basó en una confesión bajo torturas. El Tribunal Supremo la ratificó y tuvo que volver a la cárcel hasta que, pocos días después, el Gobierno vasco le concedió el tercer grado.

Custodiaba más de 1.300 kilos de explosivos en Legorreta (Guipúzcoa), que la banda acopió para seguir matando tras reventar la tregua de apenas nueve meses que ofreció al Gobierno de Zapatero y que dinamitó con el doble atentado mortal de la T-4 de Barajas a finales de 2006.