Estupor de jueces y fiscales por la «anomalía» de que García Ortiz siga en el cargo

«Una vez se ha cerrado de manera definitiva la fase de investigación, y con independencia de proclamar la presunción de inocencia a la que tiene derecho todo acusado, tenemos que remarcar la situación de anomalía absoluta que supone tener al fiscal general del Estado en esta situación procesal -dice Oliva-. No en vano se da la paradoja de que García Ortiz es el superior jerárquico del fiscal que participará necesariamente en el proceso», como lo ha sido de la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, durante toda la instrucción. A su juicio, es «absolutamente imprescindible» que el fiscal general realice una «profunda reflexión y pondere cuidadosamente el impacto institucional que puede suponer seguir en el cargo y el ejercicio de su legítimo derecho a la defensa».

Tanto la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, como la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), esta última acusación popular en la causa penal de García Ortiz, han pedido en numerosas ocasiones al fiscal general que deje el cargo por el bien de la institución. También lo han hecho con escaso éxito miembros de la Junta de Fiscales de la Sala, el sanedrín de la carrera fiscal.

«La imagen del Ministerio Fiscal quedará seriamente dañada si se celebra el juicio y no ha dimitido del cargo», dice la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, en declaraciones a ABC. En su opinión, «no se puede entender que pese a su situación procesal siga ostentando la representación de la Fiscalía española».

Desde la APIF, el fiscal del Supremo ya jubilado Salvador Viada recuerda que el proceso penal en España es muy garantista «y aún así, habiendo pasado todos los filtros dentro del Tribunal Supremo, García Ortiz se va a sentar en el banquillo». Recuerda Viada en conversación con este periódico que en esta situación solo puede entenderse que «hay indicios muy sólidos vistos desde fuera, desde las apariencias, de que (el fiscal general) ha cometido un delito, porque esos filtros solo se superan sobre la base de indicios o pruebas».

«Yo no sé si en Europa habrá muchos fiscales generales del Estado que pudieran soportar una situación como esta. Estamos hablando -recuerda Viada- por parte del garante del cumplimiento de la legalidad, es decir, del fiscal general del Estado. Y siendo así, este hombre decide que sigue y el Gobierno se lo tolera». Esto demuestra, a su juicio, que es un síntoma de la debilidad de los principios en la defensa del Estado de derecho, que -advierte- se está debilitando. Esto hace 30 años hubiera sido completamente increíble. O sea, no hubiera podido ocurrir. Y ahora, sin embargo, estas cosas pueden pasar», reflexiona.

Fuentes del Ministerio Público se muestran convencidas de que el fiscal general y el Ejecutivo se están protegiendo mutuamente, de ahí que García Ortiz se sienta fuerte. «El responsable es el Gobierno y se defiende con el escudo del fiscal general. No hay que olvidar que Sánchez era el primer interesado en que se atacara a Ayuso en aquella sesión parlamentaria en la que se iba a hablar de Begoña Gómez», dice en referencia a la conexión con Moncloa que el juez Hurtado no ha podido acreditar más allá de las indicaciones que la número dos de Óscar López en el Gabinete de Presidencia, Pilar Sánchez Acera, dio aquella mañana del 14 de marzo de 2024 al socialista Juan Lobato para que exhibiera el correo reservado a la presidenta madrileña.

Quedan aún varios meses para que el juicio se celebre. De momento el instructor Ángel Hurtado tiene que acordar su apertura en un nuevo auto en el que deberá responder a la petición de las acusaciones de que suspenda al fiscal general mientras el juicio se celebra y a la espera de la sentencia. Así como la suspensión de la fiscal provincial hubiera operado de forma automática una vez abierto juicio oral, la del fiscal general no está regulada como tal por muy obvio que parezca que, con más razón, su destino debe ser el mismo que el de sus subordinados.

Acordado el auto de apertura de la vista, se dará traslado a la defensa para formular su escrito de descargo en un plazo de diez días, un trámite que se alargará hasta septiembre, pues agosto es inhábil. Será la Sala de enjuiciamiento la que tenga que fijar ya el juicio, que no será antes de final de año.