Los padres catalanes deberán informar a sus hijos que son adoptados antes de los 12 años

El tripartito desobedece al TC e impulsa el Código Civil catalán, que contempla también la custodia compartida, que tendrá carácter preferente pero no se otorgará por defecto, como en el caso de Aragón

BARCELONA Actualizado:

El tripartito demostró ayer que no está dispuesta a acatar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto y, gracias a sus votos, logró que el Parlamento catalán aprobara la ley del Libro Segundo del Código Civil catalán, relativo a la familia y la persona. Se da la circunstancia de que el Alto Tribunal cuestiona la constitucionalidad del artículo 129 del texto estatutario en el que se basa esa ley y que atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de derecho civil.

CiU y PP votaron en contra de la ley por considerarla demasiado «intervencionista» pues, a su juicio, regula ámbitos que pertenecen a la vida privada, como por ejemplo la obligación de informar a los menores que son adoptados antes de los 12 años. En este sentido, la consejera de Justicia de la Generalitat, Montserrat Tura, defendió ese precepto porque se trata de un paso muy importante que pretende «crear una nueva cultura de la gestión de los conflictos familiares».

El artículo 235-49 establece la obligación de informar al fijo adoptado sobre la adopción. "Los adoptantes -indica el texto- deben hacer saber al hijo que adoptaron, tan pronto como éste tenga suficiente madurez y en todo caso desde que haya cumplido los doce años, excepto si esta información es contraria al interés superior del menor". El objetivo es que este hijo, a partir de los 18 años o de su emancipación, "pueda ejercer las acciones que conduzcan a averiguar la identidad de su padre y su madre biológica, lo que no afecta a la filiación adoptiva". El Gobierno catalán alega que esta obligación de informar a los adoptantes está contemplada en los códigos civiles de otros países como Noruega, Suecia o Italia.

El hijo adoptado podrá, desde los 18 años, ejercer su derecho a averiguar quienes son sus padres biológicos

Pero uno de los aspectos más importantes es el que hace referencia a la custodia compartida, que tendrá carácter preferente, pero no se otorgará por defecto, como por ejemplo sí que se prevé en la ley aprobada en la comunidad de Aragón, y si no hay un acuerdo entre los progenitores, será el juez quien decida cuál de los dos asume la «guarda» de los hijos menores.

Cuando las parejas con hijos se divorcien o separen estarán obligadas a presentar ante el juez un «plan de parentalidad» en el que figuren las propuestas de cada progenitor sobre la custodia de los hijos y su participación en la crianza y educación. En el texto, se sustituye la denominación de «custodia compartida» por el de «guarda» compartida junto al de «potestad (o responsabilidad) parental compartida». La custodia compartida queda condicionada en Cataluña a que los padres la acuerden en sus respectivos «planes de parentalidad» y a que ya exista previamente antes de la separación, para lo cual se valorará el tiempo dedicado a los hijos antes de la ruptura.

El nuevo texto amplía el concepto de pareja estable a parejas que convivan más de dos años de forma ininterrumpida o aquellas que una vez iniciada su convivencia tienen un hijo en común.

También contempla la posibilidad de que sean una familia las parejas que conviven pero no se pueden casar porque una de ellas continúa casada con otra persona. Se trata de una «regulación de mínimos» orientada a proteger al más necesitado en el momento de la ruptura.

Según la diputada de CiU Núria de Gispert, aunque la ley ha cambiado mucho durante su tramitación, «continúa siendo muy intervencionista» en la vida particular de los ciudadanos, y hay «imposiciones inaceptables», motivo por el que anunció que su formación la modificará cuando gobierne o disponga de mayoría. Asimismo, la dirigente nacionalista asegura que la ley avala una «falsa bigamia».

Por parte del PP, Jordi Montanya se pronunció en términos similares y denunció que, «una vez más», el poder público se atribuye competencias que vulneran los principios de libre elección y de respeto a la esfera privada. La diputada de Ciutadans, Carmen de Rivera, criticó que, pese a que el proyecto está inspirado en la preferencia de la custodia compartida, no se recoge «de forma clara y determinante».