España se suma a la denuncia de Sudáfrica contra Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia por «genocidio»

Preguntado por la definición o no de genocidio, Albares ha explicado que España «apoyará la decisión que tome el TIJ» a este respecto. Un organismo —dependiente de la ONU y distinto a la Corte Penal Internacional— ante el que Sudáfrica sí calificó de conducta «genocida» las acciones de Israel. La demanda presentada por este país a finales del año pasado, según ha especificado el ministro en una entrevista posterior, es una reacción a las presuntas violaciones por parte de Israel de las obligaciones dimanantes de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio: «No estamos en que algo ocurra, estamos en que no ocurra».

De acuerdo con esta Convención, la palabra genocidio describe un «delito perpetrado con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso» y, pese a que el titular de Exteriores no ha querido usarla, ha sostenido que no le incomoda que lo hagan sus compañeros del Consejo de Ministros. Es el caso de la ministra de Defensa, Margarita Robles, o Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y candidata del PSOE a las europeas, que sí han descrito la situación en Gaza como tal.

«Tomamos esta decisión ante la extensión del conflicto», ha afirmado mostrándose a favor de las medidas cautelares interpuestas: «Pedimos el cese de los bombardeos, el alto al fuego, la liberación inmediata de los rehenes...». Además, la decisión de intervenir en el procedimiento busca, según el ministro, poner fin a la guerra y empezar a aplicar la solución de los dos Estados: «No tenemos nada contra la existencia del Estado de Israel. El reconocimiento de dos estados también les incluye».

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Una decisión efectiva en el caso español desde el martes de la semana pasada y que no ha estado exenta de críticas. Tanto por parte de los socios del Gobierno, como de los propios israelíes, con los que mantiene un choque abierto desde hace semanas en el que se ha llegado a prohibir al consulado de España en Jerusalén que preste servicio a los palestinos.

Ahora, llega otro movimiento en la política exterior española que, según ha planteado Albares, no supone que España tome parte. «La forma en que un estado interviene (en una demanda del TJI) está en el propio estatuto del Tribunal», ha afirmado el jefe de la cartera de Exteriores. «Lo que se hace es presentar una memoria interpretativa, porque se busca ayudar a la interpretación del Tribunal, pero sin tomar parte. Sólo a favor del tribunal», ha justificado el ministro denunciando que las medidas cautelares «son obligatorias para todos y no se están cumpliendo». Entre ellas ha citado parar las operaciones militares y la liberación de rehenes.

Preguntado tras la rueda de prensa, Albares no ha confirmado si el movimiento español va a tener seguimiento por parte de otros países europeos, tal y como ocurrió con el reconocimiento de Palestina, al que se sumaron Noruega e Irlanda. «Irlanda ha indicado su intención de intervenir y también Bélgica, no sé si han dado la documentación», ha trasladado.

En cuanto a este frente común —España, Irlanda y Noruega—, que ha recibido críticas y represalias encabezadas por el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, sigue valorando una respuesta en clave diplomática, ya que, tal y como ha expresado Albares, las represalias habrían disminuido. «No queremos alimentar una escalada ni caer en una provocación», ha dicho, si bien la reacción por parte de Israel a esta decisión todavía no se ha producido.

Sí ha exigido reciprocidad en el tratamiento hacia las legaciones diplomáticas españoles en territorio israelí, en el punto de mira tras el impulso propalestino del Gobierno de coalición en su política exterior. También a causa de declaraciones de alguno de sus ministros, en concreto Yolanda Díaz o Sira Rego, a las que han acusado de abrazar las proclamas de Hamás, el grupo terrorista con el que Israel mantiene una guerra abierta desde el 7 de octubre.

El consulado de España en Jerusalén recibió, primero, la prohibición de prestar servicios en Cisjordania, después a los palestinos en general y, por último, la amenaza de ser cerrado. «El consulado ha abierto con normalidad y esperemos que siga siendo así», ha confirmado a este respecto Albares, que ha añadido que «España cumple escrupulosamente con el privilegio de Embajadas y consulados», por lo que exige «ese mismo respeto», en referencia a las medidas impulsadas por Israel.

El anuncio ha sido recibido con un sentimiento agridulce por parte de los socios a la izquierda del PSOE. Sumar ha celebrado la medida, aunque la ve insuficiente. Preguntados por si sus socios estaban al tanto de la decisión, fuentes diplomáticas insisten en el mantra que han venido manteniendo cuando se ha producido un cruce de opiniones con Yolanda Díaz en materia de política exterior: «La fija el presidente del Gobierno y el ministro de Exteriores».

De hecho, el propio Pedro Sánchez, durante su intervención este jueves en la clausura de la Asamblea General de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), ha asegurado que España ha decidido maniobrar, en el penúltimo día de la campaña electoral, ante «el incuplimiento de Netanyahu». Todo ello, ha argumentado, «para que se cumplan las medidas cautelares» que se le piden al Gobierno israelí, y para «defender un sistema internacional basado en reglas». El jefe del Ejecutivo ha concluido que «no les quepa duda de que España se va a mantener en el lado correcto de la historia».