«A los escoltas del País Vasco el Gobierno nos dejó tirados en 2011, después del final de ETA»

Según datos de la Asociación Española de Escoltas y Profesionales de la Seguridad (ASES), en 1999 había 500 guardaespaldas trabajando en todo el País Vasco. En 2003, ya eran 1.300 y siguió en ascenso. «Al principio se cobraba muchísimo. Yo llegué a tener sueldos de entre 6.000 y 7.000 euros al mes. Eso sí, trabajando todos los días y todas las horas del mundo. Con el tiempo se fue reduciendo y al final cobrábamos 1.700 por el mismo trabajo», explica José Ángel García sobre una reducción salarial que se aceleró al mismo ritmo que aumentaban los dispositivos de seguridad.

Entre 2009 y 2010, se alcanzó la cifra de 1.500 protegidos, a los que daban cobertura unos 2.700 escoltas privados en todo el País Vasco. A estos se sumaban otros 1.400 guardaespaldas en Navarra. Esos dos años que coinciden con la última etapa de ETA son también los de mayor gasto presupuestario. El Ejecutivo vasco desembolsó en esos ejercicios 108 y 105 millones de euros, respectivamente. Las administraciones se gastaron un auténtico dineral, pero lo cierto es que esa protección se reveló muy eficaz a la hora de frenar a la banda terrorista. «Entre los protegidos de la seguridad privada no hubo ninguna víctima, absolutamente ninguna, en el tiempo que estuvimos en el País Vasco, al contrario que los protegidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», asegura García, que subió en 1995 a trabajar en la seguridad de la autovía de Leizarán y, desde 2001, se encargo de la protección de algunos de los políticos, jueces y empresarios vascos más importantes.

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El 20 de octubre de 2011, acuciada por una profunda debilidad interna, ETA anunció que dejaba de matar, dejando en el camino más de 800 cadáveres en cincuenta años. Aquello supuso también el fin de la seguridad privada y la mayoría de los escoltas fueron enviados al paro, a pesar del sacrificio realizado y del éxito cosechado. Se produjo un doloroso y rápido proceso de destrucción de empleos que se aceleró por la profunda crisis económica que sufría el país. «¡Nos dejaron tirados!», lamenta José Ángel, que fue nombrado responsable de ASES de todos los escoltas de la provincia de Guipúzcoa.

«Mientras ETA estuvo activa –continúa–, mi función era mediar entre los compañeros y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dando asistencia en el trabajo de campo y coordinando la información que recabábamos los escoltas para derivarla al Gobierno. Y tras el anuncio de la banda en 2011 fui uno de los encargados de negociar con el Gobierno una salida profesional a los miles de escoltas privados que habíamos prestado servicio en el País Vasco y que, de la noche a la mañana, nos quedamos sin trabajo porque la banda dejó de matar y dejamos de ser necesarios».

García nos recibe en su pequeña barraca de la Algameca Chica, un asentamiento ilegal ubicado a las afueras de Cartagena, que sobrevive a pesar de que las autoridades amenazan con derruirlo cada cierto tiempo. Aquí se refugió con su mujer cuando ETA anunció el «cese definitivo de su actividad armada» en 2011, en busca de la tranquilidad que no tuvo como escolta en el País Vasco durante los quince años anteriores.

Explica que, en la negociación, propusieron pasar a la protección de mujeres maltratadas y a la seguridad de las prisiones, pero solo consiguieron, «con muchos problemas», que 300 compañeros entraran a formar parte de la vigilancia en las cárceles, ninguno a la violencia de género. «¡Solo 300 de más de 2.700! ¡Nos usaron y, con el final de ETA, nos tiraron! Durante un tiempo estuvieron prometiéndonos una salida, pero nada. Nos reunimos varias veces, salimos en todos los medios de comunicación… pero al final perdimos el trabajo», recuerda.

Las críticas por parte de los afectados, recelosos porque la banda no terminó de disolverse, no frenaron el proceso de desintegración. El lehendakari Iñigo Urkullu finiquitó los últimos contratos que le unían con las empresas privadas de seguridad en 2013. «Algunos compañeros pudieron volver a trabajar en el sector, pero la mayoría se fue al paro y lo pasó mal. Ten en cuenta que te dedicas a vivir de una manera diferente al resto del mundo y, de la noche a la mañana, te quedas sin nada, psicológicamente hundido y económicamente fatal. Además, tenías que mudarte de nuevo. El final de los escoltas en el País Vasco fue muy complicado. En Cartagena hay varios y uno de ellos sigue de baja psicológica, viviendo con una pequeña pensión que le quedó».