Un error en la causa Mediador vinculó al general Espinosa con el caso Cuarteles

Cuarteles se investiga en el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital. Persigue una presunta prevaricación así como falsedad documental en la adjudicación de obras menores al contratista Ángel Ramón Tejera de León, alias Mon -que habría estado facturando con sobreprecio o dejando inacabados los proyectos- por orden del teniente general de la Guardia Civil Pedro Vázquez Jarava, en comandancias de toda España.

Entre esas comandancias está la de Tenerife, a la que los investigadores han requerido a lo largo de las pesquisas documentación sobre esas obras de reforma. Y al frente de la comandancia estaba el coronel José María Tienda que no está imputado en ninguna de las causas, pero fue cesado de manera fulminante el pasado mes de marzo por el ministro del Interior. Se daban en ese momento dos circunstancias. La principal, la cantidad de obras adjudicadas durante su jefatura a Tejera de León, que es canario.

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La otra, pero no menor, un audio que había aflorado en el caso Mediador. La grabación fue captada por Antonio Navarro Tacoronte en un encuentro con el general Espinosa, otro empresario imputado y el propio Mon. Es 4 de noviembre de 2020 y van en coche a una comida.

Según el primer informe de la Guardia Civil, Espinosa va hablando de que no le gustaría vivir en Cabo Verde, aunque es consciente de que «viviendo allí eres el rey, capitán general, un marajá, con cuatro negras que te la chupen tres veces al día». Recibe en ese momento una llamada del coronel Tienda, «el cual le indica que los suyos están buscando los papeles» y le emplaza a hablar un rato después con un tal Luis por esa misma línea de teléfono.

La cuestión es que «salvando un error», los investigadores han corregido la transcripción. No era Espinosa quien hablaba de Cabo Verde, y no fue él quien cogió el teléfono al coronel Tienda, como tampoco la persona emplazada a una conversación posterior sobre unos «papeles» que, por las fechas, pudieran ser los contratos de obras bajo sospecha. Fue Mon, el contratista imputado en el caso Cuarteles quien atendió a la llamada del coronel tinerfeño.

Todo, a partir de «un error de mecanizado al nombrar a los intervinientes», según el informe al que tuvo acceso ABC, que no es baladí. Por un lado, porque saca, al menos de momento, a Espinosa de la ecuación del caso Cuarteles. Y, por otro, porque revela relación entre el coronel Tienda con el contratista, uno de los principales investigados en ese procedimiento.

Espinosa está en prisión provisional desde que fue detenido por orden del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife el pasado 14 de febrero. En dos ocasiones su defensa ha pedido la puesta en libertad y en dos ocasiones, la titular del juzgado se lo ha negado en espera de la práctica de una serie de diligencias clave para definir su situación. La primera, una averiguación patrimonial que pasa por analizar a golpe de cooperación jurídica internacional si tiene bienes ocultos en el extranjero. De momento, sólo ha contestado Bélgica, donde el mando tenía una cuenta bancaria, acusando recibo de la petición de la juez.

La segunda, la declaración de dos testigos que fueron citados el 31 de marzo pero finalmente, quedaron emplazados a este jueves, 13 de abril. Se trata de dos amigos del general, la mujer a la que pretendían contratar para que influyese en terceros a fin de vender las placas solares de un empresario de la trama y un directivo de una empresa con la que también habrían buscado relación. Se bucea así en los hechos que afectan al general en lo relacionado con el presunto tráfico de influencias en la trama canaria, donde se le imputa haber cobrado dádivas canalizadas a través del mediador.

Mientras, está en barbecho la parte relacionada con una batería de contratos concedidos a otro de los empresarios, un fabricante de drones, igualmente investigado, en el proyecto GAR-Si que Espinosa lideraba en el Sahel. La Fiscalía Europea, a instancias de la juez, está analizando si habida cuenta de que esa iniciativa de la entidad pública Fiiapp se financia con fondos comunitarios, la investigación de los contratos es de su competencia. En ese caso, se desgajaría de la causa en Tenerife y acabaría en la Audiencia Nacional.