Ernesto Vilariño: «Si no se ponen medidas, lo que sucedió en Barbate volverá a ocurrir»

—¿Cuánto van a tener que esperar los agentes de la Guardia Civil hasta que les consideren profesión de riesgo?

—Esta semana el Tribunal Supremo admitió a trámite nuestra solicitud para reconocer la profesión de riesgo a la Guardia Civil. Esto supone un paso crucial para la Benemérita y nuestra particular lucha por la equiparación y la jubilación digna. Esta acción judicial busca extender un derecho ya reconocido a la Policía Nacional por la Seguridad Social. De ser estimada, supondría la inmediata aplicación de coeficientes reductores que permitan la jubilación anticipada no penalizada, una demanda histórica y largamente ignorada. Hemos llevado a cabo esta estrategia legal ante la falta de voluntad política real y efectiva para abordar el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo. Esta decisión judicial es el primer eje de nuestra ofensiva legal para saldar la deuda histórica de los Gobiernos con la equiparación salarial y de derechos.

—¿Cree que existen policías de primera y segunda clase en España?

—Un guardia civil se jubila seis años más tarde que un policía autonómico o un policía local. Un agente de la Benemérita cobra 8.250 euros menos que un 'mosso' d'Esquadra al cabo del año. Y si nos vamos a la Ertzaintza, son 12.000. Claro que hay diferencia entre los policías y otros. La equiparación salarial es el principal objetivo desde el nacimiento de Jucil. No lo entendemos. ¿Por qué unos policías sí y otros no? Eso lo que hace es una diferencia bastante grave entre unos y otros. Además, esto lo está haciendo un Gobierno que aboga por la igualdad. Pues si no somos profesión de riesgo y no estamos equiparados, ¿qué entienden por igualdad?

—¿Qué pasos va a tomar Jucil para conseguir esta equiparación real?

—Nosotros lo que estamos haciendo es intentar abrir diálogo con los distintos grupos políticos, con los que nos quieren escuchar, porque esto es una decisión política. Esto no es decir: «Vamos a darles dinero». Es voluntad política. Es decir, Jucil no puede reunirse con los grupos políticos, con todos, y que nos digan: «Sí, lleváis razón, lleváis razón». Pero al final los guardias civiles no reciben esa equiparación salarial. Si hubiera equiparación salarial, Jucil no existiría. Como no hay equiparación salarial, Jucil tiene que existir. Nacemos para poder sentarnos en esas mesas de negociación con el Ministerio del Interior porque dejó fuera de las negociaciones a Jusapol (un movimiento de policías y guardias civiles que estaban cansados de la desigualdad) ya que entendía que no éramos representantes.

—Con el ministro Marlaska, ¿hay algún tipo de relación? ¿Cómo valoran su gestión desde que llegó al ministerio hace siete años?

—Hemos reclamado a Marlaska que acuda al pleno para explicar la situación con la profesión de riesgo, la equiparación salarial o la falta de medios, pero nunca viene. Puede delegar, pero no por sistema; debería dar la cara. Tenemos una plantilla envejecida por lo que compañeros de 64 y 65 años siguen en la calle sin poder pasar a la reserva. Lo que quiere hacer Marlaska es aniquilar la Guardia Civil. Faltan personal, medios y autoridad. Su gestión es pésima: no ha hecho nada por la Guardia Civil. Ni está ni se le espera. No ha equiparado, nos niega el reconocimiento de riesgo y mantenemos una jornada un mes más larga que la Policía Nacional al año, pese a depender del mismo ministerio. ¿Por qué tenemos que trabajar más horas que ellos? Cuando trasladamos las injusticias, Interior no responde ni pone medidas. Reivindicamos lo básico: equiparación, jornada justa, medios y protección. Pero la sensación es clara: el Ministerio del Interior ni está ni se le espera.

—Según denuncia Jucil, ha habido un incremento de las agresiones a agentes del cuerpo...

—Si la administración no defiende a policías o guardias civiles, el delincuente se crece. Si agredir no conlleva prisión ni sanción, hay que endurecer leyes para dar protección jurídica e institucional. No puede ser que una asociación tenga que personarse como acusación particular en asesinatos como el de Barbate o pedir prisión provisional cuando casi matan a compañeros. ¿Dónde está la Dirección General? ¿Dónde está Interior? Nos dejan a los pies de los caballos. En Europa no pasa: en Inglaterra agredir a un policía no sale gratis. Aquí el mensaje es que no pasa nada, y llevamos años sin condenas por agresiones. ¿Con qué fuerza vamos a intervenir si no hay respaldo jurídico ni administrativo? Eso lleva a la pérdida de autoridad y a tragedias como Barbate. Lo advertimos hace tiempo: si no se ponen medidas, volverá a ocurrir en otro sitio.

—Las elecciones al Consejo de la Guardia Civil son a finales de mes. ¿Qué espera Jucil de estos comicios?

—En estas elecciones queremos mantener al menos los mismos vocales. Llevamos apenas cinco años como asociación, con mucho por aprender, pero con más ganas e ímpetu que nadie. Fuimos nosotros quienes movilizamos a los compañeros para salir a la calle, quienes llevamos al Ministerio de Interior a los tribunales por la profesión de riesgo y denunciamos ante la Unión Europea el derecho de huelga. También iniciamos el camino de la equiparación salarial. Otros llevan 30 años prometiendo y no han hecho nada. Nosotros representamos a los guardias civiles y exigimos que cumplan sus promesas.