Enero, otro mes clave para el hermano, la mujer de Sánchez y «su» fiscal general

La primera parada tendrá lugar el 8 de enero, que arranca con la comparecencia del jefe de gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, la tanda de declaraciones de testigos en esta causa que se sigue por revelación de secretos contra García Ortiz y la fiscal jefa de la Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y que ha acabado salpicando -Juan Lobato mediante- a dos exsecretarios de Estado de Comunicación, Francesc Vallès e Ion Antolín, ambos fuera ya del puesto.

Rodríguez acude el día 8, como también parte del grupo de periodistas convocado por el instructor Ángel Hurtado en su rastreo de la filtración del correo electrónico en el que la defensa del novio de Díaz Ayuso -Alberto González Amador- reconocía ante el fiscal que le investiga por dos delitos contra la Hacienda Pública que «efectivamente» se habían cometido y buscaba un pacto.

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El día 9 comparece otro grupo de periodistas y ya el día 16 lo hará ese fiscal, Julián Salto, al que una llamada de teléfono la noche del 13 de marzo sacó de un estadio de fútbol para que reenviase el correo y cuanta documentación tuviese relacionada para que su jefa se la hiciese llegar a García Ortiz.

En la misma jornada está citada la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, con ascendencia jerárquica sobre ambos y que puso objeciones a la nota de prensa que se difundiría con detalles de la investigación sobre la pareja de Ayuso para contrarrestar la información errónea de que era el Ministerio Público quien le ofrecía un pacto y no al revés. Lastra conserva en su teléfono, como mostró durante la instrucción del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los mensajes que le envió el fiscal general al respecto, los mismos que han sido borrados de su terminal y la UCO, por tanto, no ha conseguido encontrar.

Fuera de Madrid pero en las mismas fechas, se espera un paso definitivo en el juzgado de Badajoz que investiga al hermano del presidente del Gobierno. David Sánchez Pérez-Castejón está citado como imputado el 9 de enero, como también el líder de los socialistas extremeños y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Gallardo, por el acceso del primero a su puesto como director de Artes Escénicas.

No son los únicos. A lo largo de la jornada anterior, la posterior y también el día 17, desfilarán diversos cargos de ese organismo público como investigados, igual que testigos y peritos convocados por la juez Beatriz Biedma tras los informes de conclusiones de la Guardia Civil y los requerimientos de información. La defensa de David Sánchez ha recurrido en apelación su citación a declarar aduciendo indefensión. La Fiscalía ya recurrió en reforma y la juez reprochó que pusiera en duda que se llamase a declarar a una persona investigada.

En cuanto a la causa que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, recibirá en declaración ya el día 22 de enero a los representantes de las tres empresas que de manera altruista, contribuyeron a la creación del 'software' para la cátedra extraordinaria que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid, el mismo con el que, se sospecha, hubo apropiación indebida. Son Telefónica, Google e Indra, que tendrán que explicar al magistrado Juan Carlos Peinado el coste de sus trabajos, el origen del proyecto y su desistimiento. Sólo a Indra le costó más de 128.000 euros. En la misma línea, se espera la testifical de Arsys, la empresa que alojaba la web del 'software', y la vuelta a los juzgados del exvicerrector de Relaciones Institucionales Juan Carlos Doadrio y su sucesor, José María Coello de Portugal, también como testigos, en relación a la gestión de ese proyecto.

Para entonces, se espera esté rematada la tramitación del suplicatorio que el Tribunal Supremo ha enviado al Congreso de los Diputados para poder investigar formalmente al exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien tiene de plazo hasta el 13 de enero para presentar, si lo desea, alegaciones en contra.

Ya declaró de forma voluntaria ante el juez instructor, Leopoldo Puente, y le sucedieron los imputados Víctor de Aldama y Koldo García, pero el aforamiento ha impedido una investigación propiamente dicha sobre aspectos de relevancia para la causa como su patrimonio, sus movimientos bancarios o sus comunicaciones. Será un paso clave para una causa que, en el Supremo, no ha hecho más que empezar.