El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha recibido este martes dos nuevos varapalos judiciales. Por un lado, el Tribunal Supremo ha tumbado el nombramiento de la exministra Dolores Delgado, su predecesora en el cargo, como fiscal de sala de Memoria Democrática.
Por otro, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido admitir a trámite la querella que presentó el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, por revelación de secretos contra la fiscal jefe de la Provincial, Pilar Rodríguez; y el fiscal de delitos económicos Julián Salto, que el Ministerio Público había pedido inadmitir al no apreciar indicios de delito.
Esta semana, el Senado va a exigir el cese de Álvaro García Ortiz por «su intolerable conducta». Lo van a hacer a través de una moción que va a llevar al pleno el PP en la que pide al Gobierno que nombre a alguien «que garantice la idoneidad, imparcialidad e independencia».
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