Empresas españolas de defensa avisan sobre contratar a dedo a Indra: «No tiene las capacidades»

En declaraciones a ABC, sin querer identificarse por miedo a que Defensa, su principal cliente, las orille aún más en el futuro, directivos de varias de estas empresas advierten de que el método elegido por el Ejecutivo no favorece el tejido industrial sino que lo merma.

«Indra está especializada en tecnología, no tiene las capacidades para asumir la mayoría de esos programas de defensa por lo que probablemente tendrá que subcontratarnos pero lo hará llevándose una importante comisión que se puede comer el grueso de nuestro margen de ganancia», subraya uno de ellos.

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«El camino que ha elegido el Gobierno supone, en la práctica, establecer un canon que hay que pagarle a Indra por entrar en cada contrato, como una comisión por hacer de intermediario. Indra no tiene licencias, ni patentes, ni fábricas. No puede desarrollar muchos de esos programas porque no sabe, no lo ha hecho nunca. Subcontratará y... ¿con qué comisión se quedará?, ¿con un 15 o un 20 por ciento?», coincide otro alto ejecutivo de un grupo diferente. «Quieren hacer una campeón nacional y lo que van a crear es una gran subcontratadora nacional. Este modelo perjudica a las empresas más pequeñas, que estamos especializadas en determinadas áreas y que nos vamos a ver forzadas a pasar por Indra perdiendo parte del beneficio. Así no se crea tejido industrial, así se destruye», remacha.

El Gobierno está decidido a convertir a Indra -de la que SEPI controla el 28%- en un campeón nacional en el área de la defensa y de ahí su decisión de privilegiarla en este paquete de programas frente al resto de las empresas españolas del sector. ABC publicó este viernes que el plan del Ejecutivo pasa por adjudicarle a dedo, sin concurso público, una veintena de los 31 nuevos programas de modernización que forman parte del Plan Industrial y Tecnológico presentado por Pedro Sánchez el pasado mes de abril para situar la inversión en defensa en el 2% del PIB. El valor de esos 31 contratos ronda los 3.800 millones de euros solo este año, ya que muchos de ellos tienen carácter plurianual. Para poder esquivar el concurso público, el Ministerio de Defensa prevé utilizar el artículo 346 del Tratado de la Unión Europea.

El Ejecutivo se defiende asegurando que la adjudicación directa es completamente legal en todos estos programas -el Consejo de Ministros autorizará cada operación previsiblemente durante las tres próximas semanas-. También subraya que todas las empresas del sector podrán participar en el reparto de los contratos en una fase posterior, tras la adjudicación.

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«Vamos a exigir a las empresas tractoras de unos y otros sectores que involucren a su vez a pymes, a la economía social, a 'startups', de modo que éstas puedan aprovechar la oportunidad para integrarse en cadenas de suministro avanzadas, obtener financiación y crecer e internacionalizarse», avanzó Pedro Sánchez en abril cuando presentó el programa.

La queja del sector es que Indra «no va a ser tractora sino subcontratadora» y advierten que este sistema engordará su facturación pero que eso no es suficiente para lograr grandes contratos de defensa fuera de nuestras fronteras y convertirse así en un verdadero campeón nacional en el sector. «Se requiere experiencia, patentes y capacidades, e Indra no los tiene porque no se ha dedicado a eso, se ha dedicado a la tecnología. En defensa no se adjudican contratos a alguien que luego tiene que subcontratarlos», subraya un directivo del sector. «Indra es campeona en radares, en gestión del tráfico aéreo, en sensores y en tecnología que se aplica a fragatas, a cazas... pero nunca ha fabricado carros de combate, no tiene línea de ensamblaje final ni músculo industrial», añade.

El presidente de Indra es consciente de ello y está buscando adquisiciones que le permitan convertir al grupo en un importante plataformista de tierra. También le interesa aumentar su presencia en el espacio pero en ambos casos se trata de un plan a conseguir. Actualmente, en materia de defensa, España es un país de pequeñas y medianas empresas (pymes) muy especializadas y con tecnología propia y, por tanto, con capacidad de crecimiento. Pero su proyección puede verse estrangulada si el Ejecutivo opta por arrinconarlas en su estrategia de convertir a Indra en un campeón nacional.