El empresario de criptos declara que entregó los 100.000 euros para la campaña de Alvise en espera de «favores futuros»

Romillo fue citado como imputado después de que el juez de la Audiencia Nacional, que ya le investiga por presuntos delitos de estafa con ese negocio inversor en criptomonedas, admitiese en octubre aquella denuncia y abriese una pieza separada para esclarecer si tanto el empresario como el ahora eurodiputado incurrieron en un ilícito de financiación ilegal de partidos.

Como Alvise es aforado ante el Supremo, el juez le invitó a comparecer voluntariamente también este miércoles, pero su defensa respondió con un recurso de apelación en el que cuestionaba que siendo un ofrecimiento, se le hubiese puesto una fecha concreta para materializarlo sin saber si le venía mal o bien. No estaba obligado, en todo caso, y no ha comparecido.

Según informan en fuentes jurídicas a ABC, el juez José Luis Calama ha afeado al letrado de Alvise la incomparecencia y este ha contestado que está dispuesto a declarar en otro momento. Al final, han quedado en que presentará un escrito comunicando las fechas en que podría asistir presencialmente a la Audiencia Nacional y el instructor fijará una.

La declaración versaba en torno a los hechos que señaló Romillo, 100.000 euros entregados en efectivo desde una de las sociedades de Madeira Invest Club después de que Alvise le transmitiese reiteradamente que necesitaba dinero para gastos de la campaña y el empresario, a su vez, le transmitiese su interés en captar inversores entre los seguidores de Pérez, que dirige un canal de Telegram que siguen más de 700.000 personas.

A preguntas tanto de la Fiscalía Anticorrupción, que ha asumido esta parte de la investigación, como del juez y de su propia defensa, ha asegurado que con Pérez no existía ningún contrato ni acuerdo de prestación de servicios, sino que se trataba de un cruce mutuo de intereses, como revelan las conversaciones que mantuvo con él entre marzo y el pasado mes de septiembre aportadas junto a la denuncia.

Esta es una arista clave, porque el propio Alvise, al trascender los hechos denunciados, compareció en sus redes sociales asegurando que se trataba simplemente de un cobro por servicios sin factura. Romillo se ha remitido a las mencionadas conversaciones, pues es en ellas donde el entonces candidato a la Eurocámara refería los gastos concretos de áreas como cartelería que tenía que cubrir. Lo que sí ha subrayado es que no había una contrapartida concreta, eran intereses mutuos y cruzados.

Este miércoles el eurodiputado ha vuelto a reaccionar en sus redes, esta vez para señalar al juez, al que califica de «socialista» y lanzar un ultimátum que no se compadece con lo expresado por su defensa al instructor dentro de la sala de vistas: exige «inmediato archivo o elevación al Supremo para poder declarar y terminar con todo esto».