Dura carta de la Asociación de Fiscales a García Ortiz por el nuevo Estatuto: «No seremos cómplices de esta pantomima»

En una carta dirigida al fiscal general, a la que ha tenido acceso ABC, la AF adelanta que no puede compartir «espacios de diálogo y encuentro con una Fiscalía General del Estado que, hoy en día, sigue dirigida por una persona que, sin perjuicio del respeto al derecho a la presunción de inocencia, está siendo actualmente investigada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, generando con ello un deterioro institucional que ya es insoportable». «Esta asociación no puede convertirse en mero cómplice de la Fiscalía General del Estado mediante su participación en algún tipo de comisión o grupo de trabajo, ni en alguna forma de negociación que, vistas las intenciones derivadas de la lectura del propio texto, solo podrían calificarse como una mera pantomima destinada a blanquear esta norma«.

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La AF empieza la misiva negando la «legitimidad» del Gobierno para abanderar tanto la reforma que atribuye a los fiscales la investigación de los delitos como la del Estatuto y aluden también a la «crisis reputacional sin precedentes» de la Fiscalía a la que han conducido las conductas de Álvaro García Ortiz. El texto presentado por Bolaños, dicen, supone, dicen, un «gravísimo retroceso» en la autonomía del Ministerio Fiscal. Eso al margen de que la alusión a la «adaptación a las exigencias de instancias europeas suena a mera excusa que se aprovecha para la consecución de otros fines ocultos».

«Al margen de las numerosas deficiencias de técnica legislativa apreciadas, y de la mezcla impropia de reglas procesales y orgánicas, el anteproyecto refleja, sobre todo, una insaciable voracidad de control de la institución por parte del fiscal general del Estado, a quien se atribuyen nuevas y numerosas facultades en materias como los nombramientos, la apreciación de las causas de incompatibilidad o el régimen disciplinario; y se hace precisamente en detrimento de las limitadas funciones hasta ahora asignadas al único órgano de representación democrática de la carrera como es el Consejo Fiscal, cuya composición también pretende alterarse de forma indisimulada mediante la modificación del sistema electoral«, apuntan.

Con ello, el contrapeso del Consejo Fiscal, en vez de ser reforzado, es reducido «hasta el extremo de convertirlo en un mero convidado de piedra» en las decisiones del Fiscal General del Estado. La eventual sustitución del rol del Consejo Fiscal por la actual composición de la Junta de Fiscales de Sala «solo puede calificarse como un fraude, ante el constatado seguidismo que la inmensa mayoría de sus integrantes han expresado en los últimos tiempos a las decisiones de los dos últimos fiscales generales« (Dolores Delgado y el propio García Ortiz), que han nombrado a »una parte significativa« de los miembros de ese órgano.

Alude también la AF al alargamiento del mandato del fiscal general a cinco años para supuestamente desligarlo del Gobierno que lo nombra. «Nada más lejos de la realidad. Un mandato de cinco años sin contrapeso profesional alguno solo refuerza al fiscal general del Estado, no a la institución«. Si se pretende atribuir la dirección de la investigación penal a los fiscales, esa dirección »no puede quedar en manos de una sola persona«.

En la línea de la entrevista de su presidenta, Cristina Dexeus, en ABC, la asociación recuerda que el anteproyecto no dice nada sobre la autonomía presupuestaria ni reglamentaria ni avanza en una «materia tan sensible» como es la formación de los fiscales. «La estructura general de la institución se mantiene intacta sin abordar su necesaria modernización organizativa. Los criterios de designación o remoción de los fiscales siguen quedando a la discrecionalidad de la jerarquía de la carrera. Tampoco se refuerzan las garantías de los fiscales en la resolución de las discrepancias frente a órdenes ilegales o improcedentes», insiste.