Las dudas en el PSOE sobre la investidura crecen tras la primera fecha prevista

Pero hace ya dieciséis días que el Rey nombró candidato a Sánchez, tras el fracaso de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, y la investidura no tiene fecha. Y tampoco la certeza de que podrá alcanzarse, en un momento en el que crecen las dudas internas en el PSOE.

Entretanto, Pedro Sánchez mantiene su ronda de contactos. Ya terminó con las entrevistas con portavoces de grupos parlamentarios, el pasado viernes con la de Junts Per Catalunya, Míriam Nogueras, y con la de Bildu, Mertxe Aizpurua, una imagen con la coalición heredera del brazo político de ETA inédita en un líder socialista, y también en un presidente del Gobierno. Ahora prosigue con distintos encuentros sectoriales, este mismo miércoles con una apretada jornada en la que recibió primero a representantes de la ciencia, luego de la educación y por último con organizaciones ecologistas y medioambientales. Y habrá más en las próximas semanas. este jueves sin ir más lejos con representantes de la Agenda 2030.

Ninguno de esos colectivos tiene la llave de la investidura, que como a nadie se le escapa reside en Waterloo, la localidad belga donde vive el prófugo Puigdemont, y eso alimenta la sospecha, junto a la intensa actividad mitinera del secretario general los fines de semana, de que más que una negociación para llevar a buen puerto una investidura en realidad está planteando ya una larga precampaña para el 14 de enero, fecha en la que se repetirían las elecciones si se llega al 27 de noviembre sin un presidente investido. Nadie puede descartarlo a estas alturas, pero tampoco lo contrario.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, una de las personas de mayor confianza del presidente, señaló el miércoles que «estamos avanzando», frente a informaciones que hablan de unas negociaciones encalladas. Y distintas voces dentro de la parte socialista del Gobierno transmiten el mismo optimismo, sin ocultar la dificultad de negociar una medida de la envergadura del olvido legal de los delitos relacionados con el 'procés'. Y de hacerlo con un interlocutor tan imprevisible como Puigdemont, e incluso con una formación, Junts, que todavía, a diferencia de ERC, parece no saber muy bien «qué quiere ser de mayor», según comenta una de esas personas consultadas.

«Hasta el rabo todo es toro», resume gráficamente un miembro del Consejo de Ministros, quien confiesa que nadie tiene «confianza plena», pero cree posible que haya finalmente acuerdo y que éste sea, como planteó el propio Sánchez tras recibir el encargo de Felipe VI, de investidura y de legislatura, algo a lo que por ejemplo está dispuesto el PNV –que argumenta que no tendría sentido permitir que un nuevo Ejecutivo saliera adelante para luego no aprobarle los Presupuestos– pero que rechaza ERC, que ya ha dejado claro que las dos cosas se negociarían por separado dado que, blasonó el portavoz de los republicanos, Gabriel Rufián, «cada voto nuestro se suda».

Un importante miembro del equipo negociador concluye que la negociación no está «ni encallada ni avanza tan rápido como se ha dicho». Y muestra su sorpresa por las previsiones más optimistas, dado que, argumenta, «este conflicto viene de muy atrás, y no lo vamos a solucionar en unas semanas». Aunque el retraso en los plazos afecta sobre todo a las propias previsiones de los socialistas, incluidas las de Sánchez.

El jefe del Ejecutivo en funciones afirmó en septiembre, en una rueda de prensa en la sede de la ONU en Nueva York, que cuando fuese formalmente candidato daría pasos explicativos sobre la amnistía, y luego que lo haría después de todas sus reuniones con los partidos políticos, que empezaron con Yolanda Díaz, siguieron con Feijóo y de la que fue excluido deliberadamente Vox. Pero lo cierto es que más allá de pronunciar por primera vez la palabra amnistía, el pasado 6 de octubre en la rueda de prensa final de la cumbre europea de Granada, no ha habido más avances.

Puigdemont planteó a principios de septiembre, en su discurso en Bruselas, una ley de amnistía que estuviera lista para la investidura, un plazo que ya el PSOE vio muy difícil cumplir. Y puso sobre la mesa matices que dificultarían su implementación, como por ejemplo excluir de la misma a los policías nacionales encausados por las cargas del 1-O. La incógnita ahora es saber si habrá rebajado sus exigencias.