Dos de los socios de Aldama se desmarcan ante el juez de los contratos de mascarillas

Aldama era representante de la compañía Soluciones de Gestión, a la que el Gobierno concedió contratos de los ministerios de Transportes e Interior y los gobiernos balear y canario por 53 millones de euros.

En el caso de Escolano, el primero en comparecer, ha asegurado que no tiene ninguna relación comercial con Eurofins Megalab, la sociedad tras la venta o intento de venta de pruebas PCR a Canarias y Baleares que quedó registrada en los móviles intervenidos a los distintos protagonistas de la trama y para la que el asesor del entonces ministro José Luis Ábalos, Koldo García, hizo gestiones directamente con Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, presidentes de ambas comunidades, respectivamente.

Tampoco tuvo, según ha señalado, ninguna participación en las adquisiciones que llegaron a formalizarse y que recopila uno de los últimos informes de la UCO de Guardia Civil en ambas administraciones con esa sociedad.

Respecto de Moreno, se ha limitado a subrayar que conoció a Aldama en diciembre de 2020, por lo que se sitúa absolutamente fuera de los contratos sanitarios que se firmasen o dejasen de firmar por cuenta de la pandemia, ya que él aún no tenía relación con el empresario.

Está señalado, como el resto de los empresarios de la órbita del comisionista con un supuesta colaboración con él en su intento de esconder patrimonio en Portugal. Sin embargo, ha asegurado que la sociedad lusa por la que se le señala no llegó a tener actividad, se constituyó y ya.

Puesto que sólo respondieron a las preguntas de sus defensas, los abogados de las acusaciones no pudieron preguntar a Escolano si, como declaró el propio Aldama el pasado jueves ante el juez, pagó el alquiler de un piso en el centro de Madrid para la mujer con la que el exministro José Luis Ábalos tenía una relación extramatrimonial por mensualidades que ascendieron a más de 80.000 euros.