Dos policías heridos en Urquinaona entran en el caso Tsunami para acusar por «terrorismo» callejero

Según informan en fuentes jurídicas, el juez Manuel García Castellón ha librado una providencia que les tiene por personados en el procedimiento, donde constarán como acusación particular en calidad de víctimas de los ilícitos que se investigan, atendiendo así a sus pretensiones y al ofrecimiento de acciones a los posibles perjudicados que ya hacía el auto por el que se declaraba que los hechos podían constituir delitos de terrorismo.

En el escrito con el que solicitaron su personación y al que tuvo acceso ABC, la representación legal de ambos que ejerce Fuster-Fabra Abogados, expone que aquel día, cuando lo que estaba convocado era una supuesta «huelga general», ambos, integrados en el Equipo de Mando y Apoyo del jefe de la II UIP, tenían como principal cometido la protección de la Jefatura Superior de Policía, situada en Vía Laietana y epicentro de las protestas.

Conforme relatan, ya desde mediodía «la actitud de los asistentes a ese evento comenzó a tornarse muy violenta, estando completamente organizada contra los agentes del orden público, incluyendo el lanzamiento de todo tipo de objetos contundentes y la difusión de consignas como 'fuera las fuerzas de ocupación'» en un «contexto de creciente hostilidad» que se prolongó durante horas.

Exponen que «sobre las 20:00 horas, estando en la Plaza de Urquinaona parapetados, ante la imposibilidad de avance por la intensidad de los ataques, de estilo terrorismo urbano o Kale Borroka, que estaban sufriendo con adoquines, piedras, bolas metálicas de petanca, bengalas, cócteles molotov, ácido y material metálico de bricolaje, en lo que los actuantes interpretaron como un evidente intento de producir el mayor número de bajas posibles entre la fuerza actuante», ambos resultaron heridos.

El primero de los agentes recibió el impacto de una botella rota «sufriendo una grave fractura abierta en el radio de su brazo derecho con desplazamiento». «Tras varias intervenciones quirúrgicas, y como consecuencia de la gravedad de la lesión, al no reunir las condiciones físicas necesarias para seguir ejerciendo como policía, ha sido jubilado a la edad de 45 años», dice el escrito, que aporta todos los informes al respecto.

En cuanto al segundo, «recibió un impacto muy fuerte de un objeto lanzado por los manifestantes que golpeó sobre el lado derecho de su casco, cayendo al suelo desplomado y perdiendo el conocimiento por completo». El parte médico que aporta refiere un traumatismo craneoencefálico.

Ambos piden entrar como perjudicados en la causa a fin de ejercer acusación tras conocer que el juez instructor del asunto, Manuel García Castellón, dictó auto declarando indicios de terrorismo y dirigiendo el procedimiento contra los presuntos responsables de Tsunami Democrátic, una docena de personas entre las que sitúa al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

En el asunto ya están personados la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia y el partido político Vox, pero esta misma semana ha solicitado también acceder como acusación popular Sociedad Civil Catalana, en tanto que «uno de los fines de la asociación es defender los intereses de sus asociados frente a todos aquellos actos de las administraciones, de las entidades públicas o privadas, o de los particulares que vulneren, limiten o pongan en peligro el ejercicio de los derechos que, como ciudadanos, les reconoce el ordenamiento jurídico», como decía un escrito al que tuvo acceso ABC.

En paralelo, el juez tiene sobre la mesa una petición de Dignidad y Justicia que le insta a enviar la causa al Tribunal Supremo por estar en el elenco de investigados Puigdemont y el diputado en el Parlamento Catalán Rubén Wagensberg. Argumenta que el primero es europarlamentario y arrastraría por conexidad, la competencia sobre el resto de personas señaladas.

Crece así la causa en la Audiencia Nacional pese a la perspectiva de la aprobación de la Ley de Amnistía que registró este lunes el PSOE en el Congreso tras pactar los términos con Junts, que aglutina a buena parte de los beneficiados. Con el redactado que ha entrado en las Cortes, la causa de Tsunami decaería aunque lo sea por terrorismo, ya que prevé que estos delitos sólo queden excluidos del olvido cuando tengan sentencia firme y no es el caso.