Dos investigados ponen contra las cuerdas al elenco del caso Tito Berni con nuevos audios y pruebas

Uno de ellos es Miguel Ángel Robayna, constructor canario a pequeña escala cuya empresa quebró en el contexto de sus relaciones con Navarro Tacoronte. Le había denunciado por estafa antes de que en febrero de 2023 el juzgado practicase la primera ronda de detenciones, incluyendo la suya. Se le atribuye además de contribuir con su propio dinero a esta supuesta trama de compra de favores, la expedición de facturas con cargo a su empresa, Hispano Robysa, para encubrir lo que en realidad, eran mordidas.

La primera vez que pasó a disposición de la juez, como informó ABC, Robayna reconoció sin problema la facturación expedida y dijo desconocer que fuese una práctica ilegal. Su móvil, como el del resto de los detenidos en su día, fue intervenido y el trabajo de volcado ha llevado más tiempo de lo previsto. Resultó que tenía una carpeta en la 'nube' en la que se iban guardando algunas de las llamadas de teléfono que realizaba con una aplicación específica. También otras pistas de audio.

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Isabel Vega

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Al procesar esa nueva información, encontraron nuevos indicios, como la conversación desvelada por ABC en la que el mediador reprochaba al entonces diputado que se marchase a Madrid teniendo organizada para él una reunión con empresarios, parte de los cuales acabarían inyectando dinero de un modo u otro a la presunta organización. También constan mensajes de Navarro Tacoronte con indicaciones sobre sacar efectivo para hacer pagos a Taishet Fuentes que, cruzados con los movimientos bancarios analizados en la causa, dan explicación a las salidas de fondos detectadas en las cuentas de Robayna y su empresa. «Por si solo el contenido de estos archivos de audio ya es relevante pero la importancia de los mismos aumenta exponencialmente cuando se conoce el contexto en el que se produjeron», dice por eso la Policía.

Llamado a declarar al hilo de los hallazgos, Robayna se descolgó aportando un pendrive cargado de material que ha resultado ser una sorpresa para los investigadores y que incluye toda una batería de audios. La juez, a instancias de la Fiscalía, libró auto para que además de constar, como ya constaba, el consentimiento expreso del constructor al aportar las pruebas, se dictase auto autorizando su extracción y procesado por parte de la Policía.

«La información contenida en el mismo es sensible y si bien el prestar el consentimiento con asistencia de letrado, quien entregó materialmente el propio dispositivo, colma las exigencias de legalidad, esta especial delicadeza o sensibilidad de la información exige que exista un control judicial que garantice los derechos de las personas implicadas estén o no incluidas actualmente en el procedimiento judicial, pues podría afectar también a derechos de terceras personas», decía el informe de Jaime Serrano-Jover.

Mientras la Policía trabaja en el volcado de estos materiales que irán directos a la parte sobre la pata canaria de la organización, el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil hace lo propio con un hallazgo determinante en el contexto de la investigación que sigue la Fiscalía Europea sobre presunta corrupción en la compra de drones para el proyecto GAR SI-Sahel de la fundación pública Fiiapp, razón por la que resultaron investigados el general de división Francisco Espinosa y el empresario valenciano José Suárez Estevez, 'el drones'.

Cuando el organismo europeo asumió esta parte de las pesquisas, al tratarse de fondos comunitarios, acabó topándose con un tercero que tendría una labor clave en la ecuación, el corredor Alfredo Escudero, conocido en la trama como 'Fredi el de los seguros'.

Él habría introducido drones en el ámbito de la contratación de la Guardia Civil llevándose a cambio contratos para asegurar las mercancías que suministrase al Instituto Armado, como los dispositivos de GAR-SI Sahel. En un reciente oficio al que tuvo acceso ABC, Asuntos Internos advertía a la juez de importantes hallazgos al analizar el teléfono móvil que se le intervino al ser detenido en julio del año pasado y pedía incorporar el contenido también a la investigación de la trama canaria, en la que Espinosa sigue igualmente imputado por su relación con el empresario de placas solares Antonio Bautista, alias 'el curilla', al que habría estado poniendo en contacto con empresarios de las islas y a cambio de dádivas.

«Se considera del todo relevante poder incorporar a la presente causa el contenido que alberga el referido terminal telefónico, en todo aquello que pudiera resultar de interés para la misma», dice el oficio de la Guardia Civil. Para la jueza, la petición debe enmarcarse en el hecho de que la investigación de la Fiscalía Europea nació de Mediador y «si existen determinados datos que afectan a dos investigados en este procedimiento y por hechos investigados en este procedimiento, deben ser traídos a la causa».

«Es más, no se puede contemplar ninguna opción en contrario ya que lo que no parece viable es que determinados elementos de prueba, una vez conocidos no puedan incorporar a este procedimiento cuando guardan relación con los hechos investigados y este proceder debe aplicarse tanto a las pruebas de cargo como respecto de aquellas que sean útiles para la defensa de los investigados».

La causa así sigue creciendo pese al tiempo ya transcurrido con la aparición de nuevos indicios y fuentes de prueba. Recientemente, como informó este diario, la juez acordó partir el procedimiento en piezas separadas para agilizar la instrucción. Además del contexto principal de la presunta organización que se investiga, se analizan por separado las actividades de Tito Berni y su sobrino -a quienes se les imputa ya también un delito de estafa- con el mediador, y las que relacionan a Espinosa con empresarios de la trama.

De fondo, el presunto amaño de un expediente sancionador de una quesería a cambio de mordidas, una línea en la que están investigados funcionarios y altos cargos del gobierno que lideraba Víctor Torres.