Los dos frentes abiertos de Puigdemont y el anhelado regreso a España que no llega

La defensa del prófugo ha intentado sin éxito cerrar por todos los medios los dos frentes que el 'expresident' tiene abiertos en España sin que la aprobación de la ley de amnistía haya permitido en su caso eximirle ni de responsabilidades contables ni penales posibilitando su ansiada vuelta a España. Y es que tanto el Tribunal de Cuentas como el Tribunal Supremo mantienen vivas las causas contra el líder de Junts. El primero porque la propia presentación de la cuestión prejudicial ha dejado en suspenso la aplicación de la ley al procedimiento contable a la espera de la decisión del TJUE; el segundo porque considera que la malversación cometida por los líderes del 'procés' está expresamente excluida de la ley de amnistía, una interpretación que comparte tanto el instructor del 'procés', Pablo Llarena, como la Sala Segunda del Supremo de la que este magistrado forma parte.

Lo cierto es que la decisión que el tribunal europeo tome respecto a la cuestión prejudicial del Tribunal de Cuentas no influirá en el regreso del prófugo pues nada tiene que ver la asunción de esas responsabilidades contables con la medida cautelar que Llarena tiene acordada en el marco del procedimiento penal por malversación: la orden de detención nacional que le impide pisar España sin ser detenido pues ese delito está castigado con prisión.

Si el TJUE enmendara la ley de amnistía en su totalidad o alguno de los preceptos cuestionados por el TCu -algo que no se sabrá hasta final de año pero de lo que ya darán muchas pistas las conclusiones que el Abogado General presentará a mediados de septiembre-, el órgano fiscalizador deberá dictar sentencia y depurar responsabilidades por el empleo de fondos públicos destinados al 'procés'. En caso contrario lo previsible es que el Tribunal de Cuentas aplique la ley y todos los líderes independentistas queden exentos de tener que pagar esos 5 millones de euros que salieron de las arcas públicas para el sueño independentista.

Tampoco tendrá repercusión el fallo del TJUE sobre la decisión del Supremo de mantener al prófugo procesado por malversación, pues esa es una cuestión que tendrá que estudiar el Constitucional en otoño, cuando vea los recursos de amparo del prófugo y de los ya condenados Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa. El Alto Tribunal considera que en la desviación de fondos hubo un beneficio personal, circunstancia que la propia ley de amnistía excluye de su aplicación.

Por su parte, la cuestión prejudicial de la Audiencia Nacional sobre terrorismo -que se verá en el TJUE el martes por la tarde- sí que es absolutamente ajena a Puigdemont, aunque en su momento no lo fue tanto porque el líder de Junts llegó a estar investigado en el Tribunal Supremo por su «liderazgo absoluto» en los disturbios protagonizados por el movimiento Tsunami Democràtic. La magistrada Susana Polo llegó a preguntar a las partes sobre la conveniencia de presentar una cuestión prejudicial similar a la elevada por los CDR pero a los tres días se vio obligada a archivar el caso por un defecto formal.