Las diez horas de duelo jurídico en el Constitucional que frenaron el plan de Sánchez

Contra todo pronóstico -por el contexto en el que se celebraba, las circunstancias en las que se produjo el aplazamiento y las presiones recibidas hasta momentos antes del inicio de la reunión- no hubo broncas ni descalificaciones personales en un Pleno en el que los magistrados de distintas sensibilidades supieron estar a la altura de la institución que encarnan.

No hay en la reconstrucción de ese cónclave por parte de sus protagonistas ningún elemento distorsionador que lo diferencie de otros plenos del actual mandato del TC, que si por algo había estado marcado hasta ahora es por el desagradable episodio que se vivió a raíz de la declaración de inconstitucionalidad del primer estado de alarma de Sánchez. Bien es verdad que en aquella ocasión el Gobierno se metió hasta en la cocina del tribunal crispando los ánimos de magistrados tras la implicación directa de la vicepresidenta Carmen Calvo en el asunto. Ayer, esas presiones no lograron traspasar la fachada de la sede del tribunal y se quedaron en los aledaños en una nota a ordenador pegada con celo en una marquesina: «Tribunal Constitucional. Respete al Parlamento». Una forma más sutil que la de Patxi López para decirle a los jueces: «Oiga, no me vayan por ahí».

Durante cuatro horas, los once magistrados estuvieron reunidos para debatir solo los dos primeros puntos del orden del día que el ponente del recurso, Enrique Arnaldo, había facilitado como borrador de providencia a cada uno de ellos: avocación a Pleno y admisión a trámite del propio recurso de amparo. Fue en el primero en el que se produjo la primera y última fisura en el bloque progresista, cuando el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, consecuente con la conversación que había mantenido días atrás con el presidente, Pedro González Trevijano, sobre la fijación del Pleno, se separó de sus colegas. Consideró que la entidad del asunto aconsejaba que fueran todos los magistrados (y no solo los seis que conforman cada una de las dos secciones) los que vieran el recurso del PP.

En ese momento los magistrados ya habían fijado posiciones en una primera intervención que se produjo en un estricto orden: primero habló el ponente, luego los magistrados de menor a mayor edad, y finalmente el vicepresidente y el presidente del tribunal. Así en cada uno de los aspectos a debatir. Los progresistas esperaban el momento de la admisión con la esperanza de que los dos magistrados recusados (el propio presidente y Antonio Narváez) se abstuvieran en ese momento y ya no entraran a debatir. Se trataba de un movimiento que habría tenido unas consecuencias claras, como demostraría después la propia votación. Al no estar en la deliberación el Pleno habría quedado reducido a nueve miembros (cinco progresistas y cuatro conservadores). Se habría rechazado el recurso y punto final. Pero no fue así, y se siguió adelante, dejando la votación sobre la admisión para la tarde tras la levantar la sesión al filo de las dos y media. El presidente propuso regresar a las cuatro, pero el Pleno se retomó a las cinco porque así lo pidió María Luisa Balaguer, alegando razones personales. Tenía que ir a su casa.

Ni antes del Pleno ni al mediodía hubo reuniones entre magistrados del mismo bloque ni con los del otro. Tampoco en la comida. Todos salieron del tribunal: algunos optaron por un restaurante; otros se fueron a su domicilio. A las cinco volvía a arrancar la reunión con el convencimiento de que sería una tarde-noche larga pero también con que el asunto tenía que quedar zanjado. Tras rechazar su abstención los dos magistrados aludidos, la única baza que le quedaba a los progresistas era activar las recusaciones, pero no hubo debate alguno al descartarse la legitimación de los partidos que las instaban en esta pieza de medidas cautelarísimas. Hubo entonces rostros serios pero ni una mala palabra ni reproches.

Y aunque había habido ya duelo jurídico, en concreto tres rondas de intervenciones, al filo de las siete y media, tras un descanso de quince minutos, empezó el más «profundo e intenso»: el debate sobre las cautelarísimas. Se expusieron argumentos técnicos, serios, rigurosos. En el bloque progresista llevaron la batuta Conde-Pumpido y Ramón Sáez, quienes en varias ocasiones calificaron de «gravísima» una eventual suspensión y apelaron a la autonomía legislativa del Parlamento. En el lado contrario, fue especialmente «didáctica» la secuencia de la tramitación parlamentaria que expuso Antonio Narváez en la que se vio claramente apresurada para sortear a la oposición. El duelo terminaba con vencedores y vencidos.

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