Detenidos 22 activistas de Futuro Vegetal, el colectivo que atacó cuadros del Museo del Prado, por organización criminal

Desde el pasado mes de diciembre, la Brigada Provincial de Madrid mantiene abierta una operación a nivel nacional (denominada Spora) en la que ha detenido a sus tres principales líderes así como a otros miembros del movimiento repartidos por la península: Madrid, Barcelona, Cádiz, Murcia, Elda, Zaragoza, Granada, Valencia, Soria, Santander y San Sebastián. El número de investigados supera la veintena, según una nota hecha pública hoy por el Ministerio del Interior. No se descartan nuevas detenciones.

Futuro Vegetal surgió a principios del año 2022, como una escisión del movimiento internacional Extinction Rebellion, y se estima que puede estar formado por más de 300 personas. En su página web se definen como «un colectivo de desobediencia civil y acción directa que lucha contra la crisis climática mediante la adopción de un sistema agroalimentario basado en plantas». Sus miembros exigen al Gobierno que termine con las subvenciones a la ganadería y las emplee en «promocionar alternativas social y ecológicamente responsables (...) para afrontar el necesario cambio de sistema agroalimentario».

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Entre las acciones que han reivindicado destaca el lanzamiento de pintura roja contra la fachada del Congreso de lo Diputados. Pero también han vandalizado bienes privados. Por ejemplo, el pasado julio, en Ibiza, rociaron con extintores el «mega-yate de una de las mujeres más ricas del mundo« -valorado en 300 millones de euros- para protestar contra la crisis climática. Y hace unas semanas dos de sus activistas, disfrazadas de 'Mamá Noel', pintaron con carbón la fachada de El Corte Inglés en Barcelona. Si bien los agentes ponen el foco en acciones como el corte de los accesos a Mercamadrid, que provocó retenciones en la M-40 con el consiguiente peligro para los usuarios que circulaban.

Tras más de un año de investigación la Policía concluye que Futuro Vegetal podría estar operando como una organización criminal "con un claro reparto de tareas", una finalidad delictiva y un elevado número de integrantes coordinados por líderes conocidos como 'dinamizadores', quienes poseen roles directivos y reciben presuntamente remuneraciones por sus responsabilidades«, explica la mencionada nota.

En este sentido, los investigadores señalan que las pesquisas han puesto de manifiesto que el colectivo ha recibido más de 140.000 euros en donativos, «parte de los cuales han acabado en manos de estos dinamizadores», encargados de la coordinación de la presunta actividad delictiva de la organización.

«Su actividad reiterada y sostenida en el tiempo consiguió, a su vez, establecer relaciones a nivel internacional, con otros colectivos similares que ya fueron asociados en sus países de origen con organizaciones criminales", apunta la Policía.

Por su parte, para Futuro Vegetal la operación de la Brigada Provincial de Madrid, coordinada por la Comisaría General de Información, supone una criminalización de la protesta. Entienden que es «irracional y »desproporcionada«. »En lugar de investigar a quienes destrozan la habitabilidad del territorio, cargan contra quienes luchamos por un modelo de sociedad sostenible«, escribieron en sus redes sociales el pasado mes de diciembre, cuando comenzaron las detenciones de algunos de sus miembros.

Entre ellos, se encontraba Bilbo Bassaterra, una de las caras visibles de Futuro Vegetal y considerado uno de los líderes detenidos a los que se acusa de «promover, coordinar y dirigir» la presunta organización criminal. En conversación con ABC explica que tras comparecer en dependencias policiales tanto él como el resto de compañeros que fueron arrestados quedaron en libertad. Insiste en que la protesta y la desobediencia civil no son delito; no existe ninguna condena en firme por las acciones del colectivo; y asegura que hasta el momento sus miembros sólo se han enfrentado a multas administrativas por sus acciones.

Precisamente, a principios de diciembre, Bassaterra fue detenido también en el marco de otra operación de la Guardia Civil y la Gendarmería francesa, tras ser identificado como uno de los presuntos autores del sabotaje cometido contra una gasolinera en la localidad de Laruns (Francia), durante la madrugada del pasado 8 de septiembre, una acción que Futuro Vegetal reivindicó en su página web.

Según informó la Benemérita, se le atribuyen presuntos delitos de degradación con dos agravantes: múltiples autores y cara disimulada, según la legislación penal francesa, ya que los dos activistas que llevaron a cabo la acción lo hicieron con la cara tapada, sin revelar su identidad.

En su última memoria anual, relativa a los datos de 2022, la Fiscalía General del Estado incluyó a Futuro Vegetal y Extinction Rebellion en el apartado de «terrorismo nacional» y tachaba a sus miembros de ecologistas «radicales».

«Los colectivos ecologistas han incrementado notablemente su actividad, pasando de las habituales acciones reivindicativas de 'desobediencia civil no violenta' a realizar acciones de mayor calado que ya no tienen tanta aceptación ciudadana», apuntaba el informe del Ministerio Público. Grupos ecologistas como Greenpeace, Ecologistas en Acción o Amigos de la Tierra mostraron su rechazo.

En una carta, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después explicó que en ningún caso la mención de determinadas organizaciones significaba que el activismo de los grupos ecologistas pueda ser considerado como terrorismo y aseguró que su actividad no se volvería a incluir en la memoria anual «salvo que nuevos fenómenos delictivos den lugar a una posterior investigación fiscal y/o judicial plenamente identificada«.

Ahora la Policía pone el foco en sus donaciones y estima que los daños provocados por las acciones de Futuro Vegetal alcanzan los 500.000 euros. Aunque hay otros, como los que habrían causado pegándose a los marcos de Las Majas de Goya del Museo del Prado, que pueden ser «incalculables», avisan los investigadores.

En total se les atribuye 65 acciones cometidas por todo el país y se les imputan presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, daños, daños contra el patrimonio histórico, contra la seguridad vial y del tráfico aéreo, atentado a agente de la autoridad y desórdenes públicos. La investigación arrancó en enero de 2022, tras el lanzamiento de pintura por parte de varios activistas contra la fachada del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en Madrid.