Desclasifican los planes secretos del Reino Unido para tomar represalias contra España tras el cierre de la Verja de Gibraltar en 1969

El propio ABC explicaba en 1969 que ese cierre fue una respuesta a la entrada en vigor de una Constitución en el Peñón y a que los gibraltareños aprobaran por referéndum que querían seguir vinculados a la corona británica. El 8 de junio sacaba en portada la noticia con el titular «España cierra su frontera con Gibraltar». «Los 4.820 obreros españoles en el Peñón se acogerán al seguro del desempleo, al cien por cien», describía ABC. El cierre de la Verja provocó el desplazamiento de unas 36.000 personas de La Línea de la Concepción. Miles de trabajadores españoles perdieron su empleo en Gibraltar, y el Peñón se vio sin los suministros españoles.

Se prohibió el tránsito aéreo y las comunicaciones, incluida la radio. No se podía hablar por teléfono, ni cruzar al otro lado. El único método de comunicación directa con Gibraltar fue a través de la Verja a gritos y de la radio CB. Las fotografías de la época mostraban a padres enseñando a sus bebés a sus familiares al otro lado de la Verja, incluso había conversaciones a gritos para preguntar si todo iba bien.

A raíz de esto, se pensó dar una respuesta. Los documentos a los que accedió la televisión pública gibraltareña (GBC), muestran cómo se barajaron varias opciones para llevar a cabo represalias por lo que consideraron «una provocación» de Franco.

El periodista de la GBC, Jonathan Sacramento, explica que una de las medidas más serias que se contemplaron fue disuadir a los turistas británicos de visitar España. En 1968, España era el destino más popular de vacaciones para los ciudadanos de Reino Unido, con más de un millón de visitantes británicos al año. El gobierno se planteó obligar públicamente a los turistas británicos a pasar sus vacaciones en otros lugares, argumentando que ir a España era antipatriótico dado el trato que daban a Gibraltar.

También se propuso la idea de hacer más difícil a los titulares de pasaporte británico entrar a España o aplicar presión económica a los operadores de tour mediante la imposición de nuevas tasas. Asimismo, «los oficiales discutieron suspender los acuerdos de tráfico, bloquear los aviones de Iberia a Londres, o limitar su acceso al espacio aéreo del Reino Unido. Sacramento indica que incluso se sugirió poner restricciones de comercio limitando las importaciones de España, concretamente al vino y a los cítricos.

Además, se propuso retirar la asistencia consular a los ciudadanos británicos residentes en España para crear presión diplomática. Esto supondría que si los turistas enfrentaban problemas legales en España, no recibirían ningún tipo de apoyo consular. El objetivo era crear incertidumbre y miedo para disminuir las visitas a España.

Pero en caso de que se desplegase alguno de estos planes la buena imagen de los ingleses podría verse amenazada, porque para algunos oficiales estas medidas podrían ser vistas como un abandono de los ciudadanos británicos por parte del Gobierno. «Los documentos ofrecen una visión fascinante sobre las luchas de poder y agendas diferenciadas entre los oficiales británicos», describe Sacramento.

Se formaron dos bandos, entre los que pedían una respuesta poderosa y aquellos que temían una escalada. Estaban los que sostenían que el Reino Unido necesitaba hacer una declaración para proteger Gibraltar. Otros, en cambio, consideraban que España podía sobrellevar las sanciones británicas. Los economistas de la Junta de Comercio se oponían con vehemencia a medidas que terminasen por impactar en la economía. Especialmente a las empresas británicas en los ámbitos del turismo y el comercio.

Mientras que la preocupación de los oficiales de la Secretaría de la Seguridad era que las restricciones financieras o de viajes crearan una inestabilidad en la economía que potencialmente dañase las relaciones de su nación con otros países europeos. Los responsables finales de tomar una decisión eran los ministros del gabinete, incluida la oficina del primer ministro, que tendría que equilibrar la percepción pública con la eficacia de las represalias.

Al final, los británicos abandonaron la idea porque pusieron en duda que estas medidas fueran eficaces, causando más daño que bien. En su lugar, se centró en la ayuda y la defensa de la causa de Gibraltar en los foros internacionales. Para Gibraltar, esto significaba que, aunque el Reino Unido condenaba públicamente las acciones de España, evitaba tomar represalias directas. Estos documentos para los que han podido anailzarlos de cerca también revelan que las realidades económicas se pueden imponer sobre las posturas políticas, incluso en momentos de gran confrontación geopolítica.

Ahora, se pone fin a más de un siglo de frontera física. La retirada de la verja permitirá que las más de 15.000 personas que cruzan cada día la delimitación lo hagan pasando un sistema de controles conjuntos: las autoridades de Gibraltar seguirán supervisando el tránsito interno y, como apunta BBC, España asumirá el control del lado europeo, incluyendo el puerto y el aeropuerto. Copiando el modelo que hoy funciona en Londres con la policía francesa en la estación de trenes de Saint Pancras.

«En el aeropuerto, con los nuevos controles podrán operar vuelos desde y hacia destinos europeos, lo que mejorará la conexión de Gibraltar con el continente y beneficiará al turismo y a la región», según destacó el canciller británico, David Lammy. Y se eliminarán los controles físicos en la frontera para evitar retrasos. A cambio, Gibraltar se compromete a subir poco a poco los impuestos de productos como el tabaco para evitar que haya una competencia desleal con los comercios de su entorno en suelo español», señala la BBC. No obstante, los detalles de este nuevo rumbo se seguirán perfilando en las próximas semanas.