Delgado sume a la Fiscalía en una sucesión de polémicas

En 2020, Delgado desembarcó en el Ministerio Fiscal a propuesta del Gobierno socialista en el que había ocupado la cartera de Justicia «sin solución de continuidad», lo que una gran parte de la carrera vio como un problema para la imagen de imparcialidad de la institución. Aunque llegó al Ejecutivo como independiente, para la revalidación del poder de Sánchez participó en mítines e hizo campaña para el PSOE, resultando elegida incluso en las listas de dicho partido para el Congreso. La oposición, a derecha e izquierda, convirtió su nombramiento en un motivo reiterado de ataque contra el presidente.

Una vez al frente de la Fiscalía, designó a Álvaro García, expresidente de la asociación progresista y fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia, jefe de la Secretaría Técnica, equivalente a número dos o su mano derecha en la institución. Después de él, fue nombrando a otros miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) para crear su equipo más próximo de afines ideológicos que se ha mantenido con su sustituto.

En julio del año pasado, después de las continuas críticas hacia su gestión, Delgado anunció su renuncia por problemas de salud tras ser operada de la columna. El Gobierno propuso como sustituto al frente del Ministerio Público a quien ella eligió, el conocedor de todos sus movimientos, Álvaro García Ortiz.

En septiembre, cuando debía volver a su puesto de fiscal de la Audiencia Nacional, el nuevo fiscal general, con la mayoría del Consejo Fiscal en contra, la ascendió a fiscal de Sala, máxima categoría de la carrera, como fiscal togada del Tribunal Supremo.

Este jueves, también con siete de los 12 miembros del Consejo Fiscal en contra –los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF) y el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se abstuvieron en la votación–, el fiscal general propuso a Delgado para la Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, de nueva creación. El pasado enero, García Ortiz ya preparó el terreno para el nombramiento asignándole la función de «delegada para la garantía y defensa de los derechos humanos».

Al cargo concurrían también el fiscal jefe de Guipúzcoa, Juan Calparsoro; el fiscal Antidroga Luis Ibáñez y el fiscal del Tribunal de Cuentas Luis Castresana, histórico progresista que inició el camino judicial contra el dictador chileno Augusto Pinochet por genocidio. Este último, y otros fiscales de larga trayectoria, se han dado de baja de la UPF, que ha respaldado la decisión de García Ortiz de no analizar la idoneidad de Delgado antes de proponerla, como pidieron las asociaciones representadas en el Consejo Fiscal, AF y APIF.

Éstas destacan la posible incompatibilidad (recogida en el artículo 58 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal)de Delgado por ser pareja del exjuez y abogado Baltasar Garzón, quien tiene una asociación en defensa de los Derechos Humanos y la Justicia Universal. ABC trató de contactar con los representantes de UPF para abordar el asunto sin éxito.