La defensa del yihadista de Algeciras sostiene que no puede haber terrorismo si tiene una enfermedad mental

No es la primera vez que la defensa de Kanjaa eleva esta petición para que su cliente responda por delitos comunes de asesinato y lesiones que no serían así, competencia de la Audiencia Nacional, pero la sección siempre lo ha rechazado. Ahora, ante el tribunal constituido para enjuiciar los hechos, ha vuelto a poner sobre la mesa como cuestión de pronunciamiento previo a la vista oral, que seguir adelante con la calificación de terrorismo quebrantaría sus derechos fundamentales. Su tesis, rebatida por todas las acusaciones -y la jurisprudencia-, es que si acaba absuelto de terrorismo le habría juzgado un tribunal no competente para ello.

«Se ha de partir de esta premisa: el carácter terrorista que atribuyen las acusaciones a los actos cometidos necesariamente exige la concurrencia de una de las finalidades contempladas en el Código Penal», ha sostenido la letrada, para incidir en que esto implica que «ha de existir un planeamiento previo y que de manera consciente, voluntaria e intencionada el sujeto busque o persiga alguna de las finalidades», como alterar la paz pública o causar terror.

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En su opinión, esto no es posible con Yassine Kankaa porque «el estado mental del acusado, la patología o anomalía psíquica» que se ha acreditado a golpe de informe forense durante la instrucción, es «incompatible» ya que «no puede discernir o diferenciar ninguna de esas finalidades» ni perseguirlas «de manera consciente o voluntaria». Tenía esa tarde de enero «las capacidades volitivas profundamente alteradas».

La Fiscalía no lo ve así, como tampoco las acusaciones particular y populares, partidarias de que sea durante el juicio cuando se someta a consideración si hay prueba suficiente de la motivación terrorista y se analice si esa patología exime por completo la responsabilidad penal o la atenúa. De hecho, el fiscal de la Audiencia Nacional Emilio Miró recogía ya en su escrito de acusación una atenuante de anomalía psíquica en la petición de pena. Solicita, incluyendo ese elemento, 50 años de prisión.

Según ha expuesto al tribunal, aunque será en el juicio cuando se dirima, no se pueden obviar los indicios que ya obran en las actuaciones y que apuntan a que «hubo una elección del lugar donde se cometieron los hechos y de las personas objeto del delito», miembros de la Iglesia Católica.

Se desprende que existió «un orden secuencial» en su conducta y aunque «habrá que determinar la finalidad» de sus actos, «la competencia corresponde a esta Sala, que apreciará en conciencia las pruebas» y que, contra lo que opina la defensa, «sí tiene la posibilidad de dictar una absolución» sin que ello suponga conculcación de derechos alguna.

«Lo que sí ocurriría es una vulneración de los derechos de las víctimas», ha alegado por su parte el letrado que representa a la familia del sacristán asesinado. Conforme ha expuesto, sumándose a los postulados del fiscal, los familiares tienen derecho a intentar demostrar en la Sala que fue un ataque terrorista y si, como pide la abogada de Kanjaa, se envía el asunto a la Audiencia Provincial de Cádiz, perderían esta posibilidad.

En este sentido se pronunciaba el abogado Antonio Alberca en representación de Obispado de Cádiz y Ceuta, recordando a la Sala que tiene «consecuencias jurídicas» para las víctimas que no puedan ir a juicio por terrorismo, tanto en términos de reparación como de ayudas. «Se les estaría impidiendo tratar de demostrar que fueron víctimas de ese delito», ha señalado.

Desde la Asociación Víctimas de la Guardia Civil, el letrado Jorge Piedrafita ha incidido además en que pretender descartar en este trámite previo el ilícito de terrorismo implica que la defensa «está intentando hacer una valoración de la prueba que es propia del tribunal». Para Abogados Cristianos, que también ejerce la acusación popular, esa prueba de hecho, está clara: eran objetivos católicos.

Mientras, Dignidad y Justicia, como la Asociación Víctimas del Terrorismo, ven claro que «ninguna vulneración de los derechos del acusado se ha producido» por estar el asunto en la Audiencia Nacional, que debe juzgarlo. Vox, en la misma línea, se adhería a la posición del Ministerio Fiscal. Es la acusación que pide la pena más alta, prisión permanente revisable por los delitos terroristas.