El presupuesto de Defensa subió hasta mayo en 1.100 millones con el silencio de Podemos

Unidas Podemos ha puesto el grito en el cielo por esos mil millones adicionales aprobados el martes. Sin embargo, no consta queja pública alguna por los 1.134 millones con los que el Gobierno que comparte con el PSOE engordó el presupuesto de Defensa en los meses previos.

Ese silencio fue, en la práctica, una asistencia anuente a la ampliación de los fondos asignados a las Fuerzas Armadas. A la par que pregonaba antimilitarismo y abogaba por la contención e incluso el recorte del presupuesto militar, Unidas Podemos calló mientras su Gobierno remendaba sus propias cuentas para elevar el presupuesto de Defensa.

Esas modificaciones presupuestarias empezaron poco después de que el PSOE y Unidas Podemos cerraran filas para aprobar los Presupuestos del Estado de 2022. El 29 de diciembre obtenían el visto bueno definitivo en el Congreso. A los votos de la coalición de gobierno se unían los de una larga lista de aliados parlamentarios, entre ellos los abertzales de Bildu y los independentistas catalanes de ERC.

En esas cuentas, el Gobierno fijó el presupuesto de Defensa para este 2022 en 10.155 millones de euros. Sin embargo, en cuestión de semanas empezó a maniobrar para alterar al alza esa cifra. Y muy al alza. El 31 de marzo, sin que constara protesta pública alguna de Unidas Podemos, las modificaciones presupuestarias ya habían engordado el presupuesto de Defensa en 805 millones de euros. En abril y mayo siguió remendando el presupuesto para aumentar todavía más los fondos dedicados a las Fuerzas Armadas. En esos dos meses se aprobaron modificaciones presupuestarias que aportaron casi 430 millones de euros extra a la caja que la socialista Margarita Robles administra al frente del Ministerio de Defensa.

El resultado de toda esa retahíla de retoques presupuestarios fue que, el pasado 31 de mayo, el presupuesto del negociado militar alcanzaba ya los 11.289 millones de euros, 1.134 millones más de los que el PSOE y Unidas Podemos habían reflejado sobre el papel cuando votaron las cuentas en el Congreso y se ganaron el apoyo de aliados parlamentarios como Bildu o Esquerra.

Pese a lo abultado de esos cambios presupuestarios a favor del gasto militar, Unidas Podemos no puso el grito en el cielo como lo ha hecho ahora. Pasada la cumbre de la OTAN, los de Ione Belarra han reforzado su discurso antimilitarista, con el que marcan distancias con el PSOE y exhiben división en el Gobierno.

El silencio por aumentar el presupuesto de Defensa en 1.134 millones hasta mayo contrasta con las gruesas declaraciones lanzadas desde Unidas Podemos contra el crédito extraordinario de mil millones aprobado el pasado martes en el Consejo de Ministros. El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha hablado de «deslealtad» del PSOE y ha definido esa decisión del Gobierno como un «decreto para la guerra y un 'bizum'» para la industria armamentística.

El Gobierno justifica esta última inyección adicional de mil millones de euros –999,79 millones, exactamente– por la necesidad de «atender los gastos extraordinarios de las Fuerzas Armadas ocasionados por la guerra de Ucrania», que comenzó a finales de febrero. Está por ver cómo se refleja eso, partida a partida, en los presupuestos de Defensa del presente año. Lo que sí se sabe es cómo se han ido reforzando las distintas partidas con las anteriores modificaciones. Así, de los 1.134 millones con que se ampliaron los fondos asignados al Ejército entre enero y mayo, 652 se anotaron en la partida reservada a inversiones en infraestructuras, equipamientos, tecnología militar y armamento. Otros 362 millones se apuntaron como fondos extra para pagar bienes y servicios que forman parte del funcionamiento ordinario del entramado defensivo. Además, se amplió la partida de personal en 116,5 millones de euros. El resto, hasta los 1.134 millones de euros adicionales inyectados de enero a mayo, se dedicaron a otros capítulos de gasto de menor entidad.

Aquella ampliación de los recursos económicos de Defensa se llevó a cabo en el marco de una expansión generalizada del presupuesto del Estado, que se soporta en gran parte gracias con cargo a endeudamiento. El 31 de mayo, el presupuesto del Estado había crecido en 7.653 millones de euros. Es decir, el Gobierno remendó las cuentas aprobadas por el Parlamento para, así, poder gastarse 7.653 millones más de los que inicialmente había previsto.

De esos 7.653 millones extra, 1.134 los acaparó Defensa. Otros 1.297 millones fueron a parar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones –para apuntalar las arcas de las pensiones–, 1.097 millones recalaron en la caja del Ministerio de Sanidad y 1.544 millones en la del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Es decir, las carteras dominadas por el PSOE se quedaron con el grueso del incremento presupuestario. Los ministerios de Unidas Podemos quedaron claramente relegados.

El colmo se dio en el Ministerio de Consumo que dirige el comunista Alberto Garzón: mientras las cuentas del Gobierno daban un estirón con los remiendos aprobados hasta el 31 de mayo, las administradas por Garzón se recortaban en 43.000 euros. El Ministerio de Igualdad que lidera Irene Montero solo recibía 15 de los 7.653 millones extra. El de Derechos Sociales, que dirige la líder de Podemos, Ione Belarra, se conformaba con una inyección extra de apenas 152 millones, y menos de diez millones en el caso del Ministerio de Universidades.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo, a cuyo frente está la vicepresidenta Yolanda Díaz ganó, 329 millones en ese reparto de presupuesto extra.