La abogada del novio de Ayuso atribuye el «defraudador confeso» de Montero a un argumentario de Moncloa que se filtró a la prensa

Sánchez ha rechazado de esta forma que las declaraciones, hasta siete, de Montero sobre González Amador, llamándole «delincuente confeso» y atribuyendo la adquisición de su vivienda a un fraude fiscal, fueron fruto de la «espontaneidad», como mantiene la defensa de la vicepresidenta que ejerce la Abogacía del Estado y para quien la pareja de Ayuso pide 40.000 euros por intromisión en su honor.

Entre ellas está la que Montero realizó el 12 de marzo de 2024 en el Senado, donde dijo que la presidenta madrileña debería dar explicaciones por estar viviendo en «un piso que se pagó con un fraude a la Hacienda Pública» y con comisiones de las mascarillas «en la peor situación de pandemia». Ese mismo día se desvelaba que la Fiscalía había denunciado a González Amador por fraude fiscal.

En otra intervención, el 23 de octubre en los pasillos del Congreso insistió: «La señora Ayuso tiene que dimitir, el señor Feijóo tendría que estar pidiéndole explicaciones y no estar permanentemente echando paletadas de tierra a todas las cosas que conocemos y surgen. Y me imagino que en los próximos días tendrán ustedes acceso a más información que a todos nos escandalizará». Curiosamente, apenas unas horas después Eldiario.es adelantaba que la juez que mantiene imputado a González Amador había ampliado la investigación a nuevos delitos.

La letrada de González Amador ha sostenido que las expresiones vertidas por Montero son «muy graves» y desbordan cualquier ejercicio de la libertad de expresión. González Amador no ha sido condenado por fraude fiscal ni ha reconocido delito alguno, ha dicho Sánchez, que ha recordado que «solo los tribunales pueden emitir pronunciamientos de condena». «Si bien es cierto que las informaciones periodísticas son imprescindibles, en modo alguno constituyen sentencias judiciales», ha apuntado, para rebatir el argumento de la abogacía del Estado en el sentido de que lo dicho por Montero estaba ya en la prensa.

A su juicio, en la ponderación del derecho al honor y la libertad de expresión, la segunda cede ante la «gravedad» de las expresiones empleadas por Montero. «La libertad de expresión no ampara la descalificación», ha dicho, y menos cuando no ha recaído ninguna resolución judicial por fraude fiscal ni adquisición de vivienda. Ha negado también García ese «interés general» al que han aludido el abogado del Estado José María Molero (en defensa de la vicepresidenta) y el fiscal Javier Muñoz para justificar que Montero se refiriera a un ciudadano particular. «El hecho de que sea pareja de Ayuso no justifica que en base a un interés general se tilde a un ciudadano de delincuente confeso o fiscal. No es un cargo público, no ha concedido entrevistas, no tiene redes sociales... Difícilmente se le puede atribuir la condición de personaje público», ha sostenido.

Ha negado también la letrada que las declaraciones de Montero estén amparadas por la inviolabilidad parlamentaria, porque «ninguna de las siete se realizaron en ese contexto» (y sí en el del argumentario de Moncloa), pero «aunque hubiera sido así, la libertad de expresión tiene límites».

Por su parte, el abogado del Estado ha defendido que aunque determinadas expresiones pueden resultar «malsonantes», es el propio González Amador el que se ha colocado en esa situación de «defraudador confeso». «Él mismo ha generado el debate del que ahora pretende renegar», ha dicho Molero.

Alineado con la Abogacía del Estado, el fiscal ha pedido la desestimación de la demanda, dejado claro al inicio de su intervención que no ha recibido instrucciones de nadie, en referencia a la comprometida situación en la que se encuentra el fiscal general, imputado por revelación de secretos en la causa impulsada por el propio González Amador en la Sala Segunda.

En su opinión sí concurre ese interés general en el novio de Ayuso derivado de su «proyección pública». No niega que Montero se extralimitara - «no hay ninguna duda», ha apostillado-, pero actuó conforme a la jurisprudencia de esta Sala Primera, por lo que «no ha habido vulneración del derecho al honor» del demandante.