El Gobierno pide a Venezuela la extradición de Cubillas

Así lo ha anunciado el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha señalado que Cubillas ha sido reclamado por distintos delitos de terrorismo en la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. En concreto, Cubillas, residente en Venezuela y que desde 2007 trabaja como jefe de seguridad en el Instituto Nacional de Tierras (INTI), organismo dependiente del Gobierno de Hugo Chávez, es reclamado por el juez por delitos de conspiración para cometer homicidios terroristas y de tenencia de explosivos en colaboración con banda armada.

Velasco reclamó al Ejecutivo que iniciara los trámites para su extradición el pasado 20 de octubre, aunque le sugirió que antes reclamara al Gobierno venezolano que le retirara esa nacionalidad al entender que el embajador de Venezuela en España y la fiscal general de este país mostraron a la prensa al "voluntad del actual Gobierno venezolano de no acceder" a la entrega del etarra ante la imposibilidad de extraditar a nacionales venezolanos.

La revocación de la nacionalidad, que según el magistrado, Cubillas adquirió "en fraude de ley", está contemplada tanto en la Constitución de Venezuela como en el artículo 27 del convenio de extradición firmado con España en 1989, que establece que "los Gobiernos de ambas partes, a través de los órganos competentes, se prestarán asistencia recíproca para facilitar el cumplimiento de este tratado".

Hoy, el Gobierno ha accedido a la primera de las cuestiones en base a los artículos 824 a 833 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y según los artículos 2 y 3 del Tratado de Extradición, pero fuentes consultadas no han aclarado si se ha hecho alguna gestión con respecto a la sugerencia que Velasco le hizo en su auto, el cual ha acompañado el Ejecutivo en su solicitud de extradición.

En el punto 3 de su artículo 2, el convenio fija que "cuando la solicitud de extradición se refiera a varios hechos" que no estén penados con menos de dos años o contemplados en una sentencia que establezca una pena de la que resten menos de seis meses por cumplir, "la parte requerida podrá conceder también la extradición por estos hechos. Asimismo, el artículo 3 establece que "también darán lugar a extradición, conforme al presente Tratado, los delitos incluidos en tratados multilaterales en los que ambos países sean parte".