Los cuatro exjefes de ETA procesados por el asesinato de Miguel Ángel Blanco esquivan la fianza que impuso el juez

Así lo ha denunciado en un escrito la acusación que ejerce en la causa Dignidad y Justicia, que reclama al juzgado la puesta en marcha de una averiguación patrimonial para aflorar cuantos bienes embargables tengan a su nombre a fin de trabarlos para garantizar las responsabilidades civiles que se desprendan en caso de condena.

El escrito, adelantado por La Razón y al que tuvo acceso ABC, solicita en concreto que se libre oficio a la Oficina de Averiguación Patrimonial a fin de «determinar la verdadera situación patrimonial de cada uno de los procesados» y se embarguen los que se detecten hasta cubrir el importe de la fianza que debían abonar los cuatro de manera solidaria.

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Todos fueron procesados tras una instrucción que se reabrió en 2022 tras una querella de Dignidad y Justicia para depurar responsabilidades en la más alta jerarquía de la organización terrorista, habida cuenta de que funcionaba de manera jerarquizada y piramidal.

El instructor considera que hay indicios suficientes de que ocupaban puestos de máxima responsabilidad cuando ETA secuestró a Miguel Ángel Blanco e intentó chantajear al Estado y que, en esa posición, «suficiente capacidad de mando y de decisión sobre la actividad terrorista de la organización tanto como para haber podido tomar la decisión de que no se secuestrase a la víctima, como para evitar el desenlace último».