La crisis institucional en España se enquista en el escenario europeo

La visita de Bolaños a Bruselas refleja la creciente inquietud en la Comisión Europea sobre nuestro país

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El comisario de Justicia, Didier Reynders, junto a Félix Bolaños en Bruselas ABC / Vídeo: ep

Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

El debate sobre la ley de amnistía en España se ha instalado de lleno en la política europea, a pesar de las maniobras del Gobierno de Pedro Sánchez para tratar de desmentirlo o de restar importancia a los hechos que no puede ignorar. La ... visita a Bruselas este jueves del ministro de Justicia, Félix Bolaños, para reunirse con la Comisión Europea ha sido el episodio más reciente, pero no será el último. El próximo día 13, en menos de dos semanas, será el propio Sánchez quien comparezca en el Parlamento Europeo y la cuestión de los problemas del Estado de derecho en España será el principal asunto a tratar en un debate en el que estará presente la presidenta, Ursula von der Leyen. Y en enero está previsto que la situación creada en España por los acuerdos de Sánchez con los secesionistas catalanes sea debatida en la Comisión de Peticiones, que no es más que el primer paso de un proceso que puede llevar la situación en España otra vez hasta el pleno de la Eurocámara.

Bolaños se reunió este jueves con dos comisarios, la vicepresidenta Vera Jourova, responsable de Valores y Transparencia; y el de Justicia, Didier Reynders, lo que en sí mismo ya es un acontecimiento muy revelador sobre la inquietud que empieza a asentarse en los pasillos del edificio Berlaymont, sede de la Comisión Europea. El ministro al que ahora se señala por ocupar responsabilidades simultáneas referidas a los tres poderes del Estado –Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes– compareció ante los periodistas en la sala española del Consejo para proclamar sin embargo que en la Comisión «hay cero preocupación» por la ley de amnistía, algo que se desmentía con su mera presencia en la capital comunitaria como respuesta a la petición de información por parte del comisario Reynders.

Según fuentes de toda solvencia, la reunión, que duró alrededor de una hora, versó sobre determinados puntos concretos de la ley y que los servicios jurídicos de la Comisión consideran que pueden ser «problemáticos» si se aprueban tal cual están en el texto, porque podrían contradecir el derecho europeo. También le preguntaron a Bolaños por los plazos previstos en la tramitación parlamentaria, porque la Comisión mantiene que ya no hará más valoraciones formales hasta que se haya aprobado formalmente la proposición de ley.

Ya se sabía que por parte de la Comisión Europea no habría ni declaraciones ni comentarios sobre una reunión que en sí misma y en otras circunstancias entraría dentro de la más prosaica normalidad en la recta final de la presidencia española de la UE, pero que en este caso representa un evidente señalamiento hacia el Gobierno de Sánchez ante una situación cuanto menos confusa desde el punto de vista de la política europea. Puede que a los funcionarios de la Dirección General de Justicia que asistieron a la reunión les haya sorprendido la audacia sin matices que al parecer exhibió Bolaños, pero por ahora no entra en su estilo meterse de lleno en el debate político español. Por ello, tanto Jourova como Reynders se limitaron a publicar cada uno un mensaje en redes sociales dando cuenta de que se habían reunido con el representante español. «Un placer conocer al ministro Bolaños, con el que discutimos sobre la ley de amnistía, el Consejo General del Poder Judicial y aspectos más amplios sobre la democracia y el Estado de derecho» dijo la checa, mientras que el belga se pronunció de manera similar: «Muy buena reunión con el nuevo ministro de Justicia Bolaños. Hicimos un balance de la situación del Consejo General del Poder Judicial y de las últimas novedades relativas a la ley de amnistía. El diálogo continuará con las autoridades españolas».

En su propia interpretación de las reuniones, Bolaños dijo tajantemente que a la Comisión le preocupa «cero» la situación en España y que en realidad la mayor parte del tiempo hablaron sobre el CGPJ, que es el principal argumento para dirigir sus ataques al Partido Popular, al que volvió a acusar de incumplir la ley por no llegar a un acuerdo con el Partido Socialista. Aunque reconoció que «también hemos hablado de la amnistía«, fue para reiterar tajantemente que en la Comisión «hay cero preocupación sobre la salud del Estado de derecho y la separación de poderes. Conocen perfectamente la proposición de ley y saben que es conforme a la Constitución y con el derecho de la Unión Europea y sus valores».

En el momento de terminar la rueda de prensa, en el mismo pasillo, un informador le preguntó si esa consideración de «cero preocupación» se puede atribuir a la Comisión, a lo que Bolaños respondió que no, que eso «es lo que yo pienso».

Para saber si existe o no esa inquietud, el próximo día 13 Sánchez tiene una ocasión muy pertinente con su comparecencia ante el pleno del Parlamento Europeo como cierre de la presidencia de turno. Los eurodiputados le esperan no sin cierto malestar, porque es la primera vez que el presidente rotatorio no ha comparecido para presentar su programa al inicio del semestre, pero sobre todo porque el tema del Estado de derecho en España ha permeado ya las estructuras de la política comunitaria.

El debate será largo y, según el calendario previsto en España, la víspera se habrá votado en el Congreso la ley de amnistía, por lo que la cuestión no podrá ser ignorada. Esta vez, la representación de la Comisión estará en manos de la propia presidenta Von der Leyen, que no podrá tampoco eludir un asunto tan delicado en su respuesta. Una semana después será el último Consejo Europeo del semestre español, por lo que Sánchez también deberá someterse al escrutinio de sus pares dentro de la sala de reuniones y después al de los periodistas en la sala de prensa. Y el próximo 23 de enero, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ya ha aprobado un debate en el que comparecerán una serie de organizaciones que han pedido el amparo de las instituciones europeas ante la situación del Estado de derecho en España.

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