El crimen de Barbate reabre la discusión sobre la Audiencia Nacional

Propone un rediseño para que pueda asumir más causas sobre tráfico de drogas, aliviando la situación de los juzgados de instrucción y primera instancia que investigan estos asuntos sin recursos suficientes. Pero también, para que el potencial de esta instancia se centre en las causas de alto impacto, organizaciones de ámbito transnacional, en lugar de ceñirse a asuntos sólo en función del número de provincias en España a las que afecte el delito, como ocurre ahora.

Dentro de los juzgados centrales, magistrados y fiscales consultados por ABC ven en este debate una oportunidad para avanzar en lo que es una aspiración compartida: que la Audiencia Nacional se convierta en referencia en la persecución del crimen organizado, que es, en el fondo, para lo que goza de una alta especialización y que son las causas que resultan más complicadas de instruir en juzgados sobrecargados. La apuesta de la mayoría de los consultados es una reforma integral por la que se asuman los delitos cometidos por organizaciones criminales, independientemente del tipo penal –nadie entiende que la trata de seres humanos no sea ya de la Audiencia Nacional, por ejemplo– siempre que los ilícitos lo sean de especial gravedad.

Esto, en narcotráfico, podría traducirse en kilos incautados, rama internacional o corrupción, como cuando hay miembros de las fuerzas de seguridad involucrados. Y todo, sin descuidar la raíz del problema: un acondicionamiento serio de los juzgados de primera instancia e instrucción que, como en el caso de Barbate, pero también en municipios de Galicia, de las islas o el Levante, no cuentan con los recursos suficientes para sostener causas complejas ni con espacios para después enjuiciarlas.

En la actualidad, la Audiencia es competente en exclusiva para investigar, además del terrorismo, los delitos contra la Corona, las Altas Instituciones del Estado y la forma de Gobierno. También la falsificación de moneda y los fraudes con tarjeta, pero sólo cuando esté detrás una organización criminal. Asimismo, asume las estafas si son de entidad y afectan a una pluralidad de personas que se encuentren en más de una provincia. En el caso del narcotráfico, concurrirán los dos requisitos: es de los juzgados centrales si hay una organización criminal y si sus delitos tienen efectos en territorios de dos o más audiencias provinciales. Y ahí Antidroga ve un corsé y dos magistrados consultados, un 'coladero' para asuntos que viajan a la Audiencia Nacional por su extensión geográfica. Porque sí, hay cierto malestar con el sistema de competencias actual y sensación de que las capacidades de este órgano judicial se están empleando en asuntos que cualquier juzgado ordinario con una dotación suficiente podría asumir.

«Bastaría con aplicar bien el reparto que ya hay», dice un instructor de la Audiencia Nacional, crítico con algunas asignaciones que llegan desde el Tribunal Supremo y en las que se utiliza como criterio la complejidad, refiriéndose a la falta de medios del juzgado de origen más que a la dificultad para esclarecer los hechos. Un caso reciente, el de una estafa de venta de teléfonos móviles en Don Benito, Extremadura. El juez mandó el caso a la Audiencia porque había pluralidad de afectados en más de una provincia y le dieron la razón. Su auto también reflejaba que le llegaban las denuncias en papel y sólo tenía dos escáneres para digitalizarlas. A veces, no es que la Audiencia Nacional disponga de muchos más medios, es que los juzgados de origen apenas tienen, como subrayan los consultados. Un fiscal, no obstante, se para en este punto: «No podemos dejar de asumir ese tipo de estafas que bloquean un juzgado ordinario».

En general, el criterio del Supremo es restrictivo a la hora de asignar las causas, pero como comenta un veterano de Antidroga, «puedes encontrar tantas resoluciones a favor como en contra» con los mismos requisitos. «Al final, a la Audiencia Nacional tendrían que venir los asuntos por la afectación y la gravedad, no por el número de provincias», completa otro magistrado de la Sala de lo Penal. Subraya las ventajas de centralizar los asuntos, como el hecho de que «se unifica criterio» frente a realidades complejas, como la validez de las operaciones que parten de la intervención en Francia del chat de los narcos, Encrochat.

Hay otra derivada y es de escepticismo respecto de la propia Fiscalía Antidroga. La respuesta de un fiscal de la ordinaria sobre asumir más causas de narcotráfico es reveladora: «Si es para acusar, sí. Si es para conformarse, no». Lastra una fama controvertida esta Fiscalía en la Audiencia Nacional. Un detalle: la nueva jefa, Rosana Morán, ha prohibido a los suyos sellar conformidades parciales (se rebaja la pena al acusado aunque sólo reconoce una parte de los hechos y no todos). Otro: la Fiscalía Especial estaba en 237 asuntos en el año 2005, según la estadística consultada por este diario. En 2021, en plena actividad de la unidad de élite antinarco en Campo de Gibraltar, OCON-Sur, eran 48 casos. De ahí que haya voces que apunten a una infrautilización de los recursos de Antidroga, con 14 fiscales, incluyendo a la jefa y su número dos, con sede en los juzgados Centrales.

Hasta ahora, el debate público se ha centrado en reformar el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que recoge las competencias de la Audiencia Nacional, con la perspectiva de incluir las causas de especial trascendencia en los términos que describe el artículo 370 del Código Penal, que agrava determinadas penas por delitos de narcotráfico atendiendo a elementos como si se trata de los jefes, si se utilizaron embarcaciones o se explotó a menores de edad. La perspectiva de las conductas graves permitiría sortear el requisito previo de que exista organización criminal cuando se trata, por ejemplo, de clanes o grupos que tienen en jaque a una provincia, como plantea una magistrada consultada.

Pero hay más alternativas sobre la mesa. Uno de los fiscales de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, proponía en una memoria de proyecto cuando aspiró a ser jefe de Antidroga que la Audiencia Nacional arrastrase todas las causas de blanqueo, lo que llevaría a los Centrales las investigaciones complejas de narcotráfico que requieren más dedicación. En la Audiencia Provincial de Cádiz, por su parte, se incide en la necesidad de crear tribunales de instancia: secciones altamente especializadas repartidas en distintos territorios para este tipo de delitos.

Antidroga recupera sobre esto el modelo francés de jurisdicciones interregionales especializadas en crimen organizado, que sería compatible con el Real Decreto que fundó la Audiencia Nacional en 1977 y que permite crear delegaciones a demanda en otros lugares. Combinaría dos realidades: las ventajas de la cercanía, como las que subraya un abogado especializado en narcotráfico al incidir en que una fiscal de Algeciras es capaz sólo con los nombres de un atestado de detectar una incoherencia, con la lejanía necesaria para aislar la causa del entorno y quitar presión en primera línea.

Pero todo tiene un compromiso y un coste y de fondo, resuena el mantra de que la justicia es «el patito feo» de la inversión pública y que las reformas que cada gobierno promete desde tiempo inmemorial no acaban nunca de materializarse.

En la Audiencia Nacional, donde no son pocos los que opinan que el órgano judicial ha vivido días de más gloria, hay cierta sensación de languidecer. Y la perspectiva de una reforma da aire a quienes saben que se puede hacer mejor. Y quieren hacerlo.