El PSE cree que la sentencia del Estatuto catalán «ayudará» a reformar el vasco

El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso y diputado vasco, Eduardo Madina, coincide. «Viene bien», admite Madina, que el más alto tribunal certifique, pese a lo que diga ahora el PNV, que la Carta Magna de 1978 no es «un corsé» de sentimientos de pertenencia y que admita más de una forma de sentirse ciudadanos. «Lo que ha dicho el TC es que todos podemos convivir en este Estado», recalca Madina.

Con ese reconocimiento de las naciones culturales en la sentencia que se va a hacer pública el lunes 12 de julio no hay lugar ya para el «temor» que tenía el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, durante las conversaciones de Loyola con Batasuna y el PNV a partir de septiembre 2006, según relata él mismo al periodista Imanol Murúa en el libro «Loiolalo egiak», que reconstruye las conversaciones secretas entre el PSE-PNV y Batasuna. Eguiguren recuerda cómo la idea de todos los congregados en el santuario guipuzcoano (López incluido) era «hacer aquí algo parecido» a lo que reconoce el Estatuto aprobado por el Parlamento catalán y ahora ha ratificado el Constitucional. No obstante, el PSE pensó que «si reconocíamos que Euskal Herria es una nación, eso conllevaba que era sujeto de decisión». El TC acaba de decir que eso no tiene por qué ser así.

No es inminente

¿Significa todo lo anterior que el PSE va a plantear la reforma del Estatuto de Guernica mañana mismo? No. El partido socialista se encuentra volcado «estratégicamente» con el PP en descubrir a los vascos otra forma de gobernar sin continuas apelaciones al conflicto de identidad que planteaba Juan José Ibarretxe, reconoce un veterano de los gobiernos PNV-PSOE rendido a la evidencia de que la asociación López-Basagoiti va para largo.

Pero esta misma fuente sí reconoce que la sentencia aporta «un colchón» para el futuro, en el que ya no exista ETA. Un escenario que permita debatir «con calma» un texto, explica a ABC el secretario general de los socialistas alaveses, Txarli Prieto, obligado a obtener, «como mínimo», el mismo consenso que tuvo el de Guernica en 1979, según no se cansa de repetir Patxi López. El 25 de octubre de ese año acudió a votar en referéndum el 58,28% del censo vasco, a pesar de la presión de las pistolas de una ETA dividida entonces en dos ramas («milis» y «poli-millis»). Todos los partidos pidieron el «sí», a excepción de la recién nacida Herri Batasuna, que reivindicaba la abstención, al no reconocer el texto el derecho de autodeterminación, y Alianza Popular, que propugnaba el «no» porque no se respetaba «la realidad de una patria y nación común» española. Aún así, el 90,24% de los vascos que votaron dio su respaldo al estatuto hoy vigente.

«¿Altera la nación vasca?»

«Llevamos cuatro años de nación catalana vigente en el estatuto ¿Alguien me puede decir en qué ha alterado nuestra convivencia?», se pregunta retóricamente Txarli Prieto, convertido en el portavoz oficial del PSE requerido por este periódico. «En nada», responde. «Es un conflicto artificial creado por el PP —no por España— contra una norma aprobada por el Parlamento catalán, las Cortes y el electorado de Cataluña».

Prieto, líder del PSOE en el territorio menos nacionalista del País Vasco, reconoce que la sentencia del TC «puede ayudar» en la reforma estatutaria vasca que llevó el partido a las elecciones de 2009.

No obstante, el máximo dirigente de los socialistas alaveses prefiere poner ahora el acento en que esa no es la preocupación de una ciudadanía acuciada por la crisis. Añade una advertencia a sus compañeros: meternos en ese debate hoy sería «irresponsable», y hace público su deseo de que, cuando se dé el debate en el Parlamento vasco, el PP «baje del monte», porque los tribunales no son el camino para dirimir conflictos políticos. Prieto hace una llamada a la reflexión sobre el papel que han desempeñado medios y políticos en Cataluña, e insiste en que nadie entendería abrir hoy en el País Vasco un debate de estas características «cuando la gente está pensando en no perder su puesto de trabajo».

Esta opinión es compartida por veteranos socialistas como el actual secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, que, en calidad de secretario general del Grupo Socialista en 2005, fue ponente del Estatuto catalán en Cortes. López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional, cree que la sentencia va a ayudar «sin duda» a allanar el camino de la reforma vasca, pero a largo plazo. No llega a definir la reforma como «política-ficción», algo que sí hace el ex dirigente antes citado porque está convencido de que «el PNV sigue en otra cosa», que es superar el marco constitucional.

Para este veterano de los gobiernos Ardanza, el PNV no se va a conformar con la nación «cultural» porque nunca ha abandonado su deseo de superar el marco constitucional. «Primero tienen que resolver el contencioso interno que tienen porque hace diez años decidieron dar un giro estratégico hacia el derecho a decidir y no lo han rectificado». Para corroborar sus tesis, esta fuente pone el acento en el anuncio del partido «jeltzale» de que va a estar presente en la manifestación convocada por los partidos catalanes contra la sentencia el 10 de julio. Los peneuvistas se han apresurado a decir que Montilla «si se ha comportado como un lendakari».

Zapatero corteja a Urkullu ¿Y qué dice el El PNV? De momento, su presidente, Íñigo Urkullu, juega sus bazas, que pasan por ofrecerse a José Luis Rodríguez Zapatero para apoyar los Presupuestos Generales del Estado 2011 a cambio de «más autogobierno», aunque sin hacer más concreciones.

Urkullu aspira a hacer la «pinza» a López aprovechándose de la debilidad parlamentaria del PSOE y de la relación personal que el presidente del Gobierno ha comenzado a mantener con él. En marzo estuvieron cenando tres horas a solas en La Moncloa y posteriormente Zapatero le ha llamado en momentos clave para que apoyara la convalidación de los recortes presupuestarios y la reforma laboral. Urkullu no tiene las manos libres. Debe hacer equilibrios entre los sectores autonomista y soberanista, y por eso pondrá un alto precio a cualquier reforma estatutaria porque el País Vasco, dice, sufre una «laminación de competencias» y una «paralización del desarrollo de su autogobierno».