El Constitucional suspende la iniciativa popular para la independencia de Cataluña

Así lo ha decidido por unanimidad el Pleno del TC tras admitir el recurso presentado por el Gobierno central contra la admisión a trámite de esta iniciativa por parte de la Mesa por entender que vulnera la legalidad. El Ejecutivo, que impugnó la decisión, ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución por lo que el TC ha procedido a la suspensión de la tramitación parlamentaria como mucho durante cinco meses.

A mediados de febrero, el máximo órgano rector del Parlamento de Cataluña admitió a trámite la propuesta de Solidaritat, registrada el 2 de febrero, con la intención de que si se consiguen las firmas necesarias (a través del trámite de la ILP) se fuerce a una votación en el pleno para que, en virtud del 'resultado' del referéndum del 1-O de 2017, se declare la secesión de la comunidad. El texto presentado es similar al que la misma Cámara catalana rechazó en 2011.

En la Mesa, la iniciativa superó el corte gracias a los tres votos a favor de los representantes de Junts, incluida la presidenta parlamentaria, Anna Erra, y el de la CUP. Los miembros del PSC se opusieron y Anna Vergés, de ERC, se abstuvo. No obstante, en las reconsideraciones siguientes presentadas por los grupos de la oposición, menos los comunes, la representante de ERC se opuso a su tramitación, apoyando, así, la iniciativa, informa Daniel Tercero.

Tras poner en marcha el mecanismo de la ILP, los tres magistrados encargados de validar la recogida de firmas dimitieron de la Comisión de Control encargada de llevar a cabo la revisión de todo el proceso. Su dimisión dejó en el aire, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña encontrase sustitutos, todo el trámite burocrático de la iniciativa. Ahora, con la decisión del TC todo queda en suspenso hasta que el tribunal de garantías se pronuncie sobre su legalidad.