El Constitucional da carpetazo a medio centenar de recusaciones contra Pumpido y otros tres magistrados

En otros casos el Pleno señala que las recusaciones han perdido de forma sobrevenida su objeto, pues el propio recusado ha solicitado su abstención, reconocida a su vez por el Pleno. Se trata en concreto de procedimientos que afectaban al exministro Campo: la ley de Educación, plataformas digitales, protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, ingreso mínimo vital o Presupuestos Generales del Estado.

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Nati Villanueva

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Respecto a las recusaciones promovidas también por Vox contra, entre otros, Pumpido, Díez y el propio Campo (en aquellos recursos en los que n se ha abstenido), el TC ha acordado la inadmitirlas por la misma razón esgrimida en su anterior Pleno: afectarían al quorum del Tribunal y supondrían «una paralización inaceptable de las funciones del Tribunal».

El auto explica que «la salvaguarda del ejercicio de la jurisdicción constitucional reclama, y justifica al mismo tiempo que, para dictar esta resolución, no deba excluirse de la conformación del Pleno a ninguno de sus magistrados presentes».

Por lo tanto, se inadmiten de plano las recusaciones en los recursos como el relativo a las medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, becas y ayudas al estudio, el «solo sí es sí» o la memoria democrática.

Por otra parte, el Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad de Vox contra la reforma penal que suprimió el delito de sedición y reformó la malversación. La formación de Abascal considera que, además de que su procedimiento de aprobación fue defectuoso, la propia norma es contraria a la Carta Magna.

El Pleno también ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala Civil del Supremo en relación al artículo 92.7 del Código Civil, que establece la prohibición de guarda conjunta cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal iniciado por violencia de género o doméstica. Como informó ABC, el automatismo de ese artículo no deja margen de maniobra al juez para velar por el interés del menor, tal y como establece la propia jurisprudencia del Alto Tribunal y los tratados internacionales suscritos por España.