El Gobierno ampliará el mandato del fiscal general forzado por Europa y sin tocar a García Ortiz
En el momento de la mayor crisis de credibilidad en la Fiscalía, el Consejo de Ministros aprueba hoy la reforma del Estatuto auspiciada por Europa
El juez rechaza unificar las cuatro acusaciones populares en el caso García Ortiz
Tras las continuas advertencias en los informes sobre el cumplimiento del Estado de Derecho en España y los del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), el Gobierno ha decidido abordar la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para dotarle de una mayor independencia. ... De esta forma, está previsto que lleve este martes al Consejo de Ministros una reforma para que el mandato del fiscal general no coincida con el del Gobierno, una reivindicación que se viene haciendo desde hace años desde la propia carrera para ahondar en la despolitización de este órgano, cuya cabeza visible, eso sí, sigue siendo nombrada por el Gobierno porque así lo establece la Constitución. La reforma se produce en uno de los momentos de mayor crisis de credibilidad en el seno de la Fiscalía, con Álvaro García Ortiz imputado por revelación de secretos.
En concreto, el mandato del FGE será de cinco años y dejará de coincidir con el del Ejecutivo, que es de cuatro. Además, no será renovable, salvo que el titular haya ocupado el cargo menos de un año, y en el caso de cese anticipado, el nuevo jefe de la Fiscalía completará el tiempo restante del mandato anterior.
Para evitar ceses discrecionales, el Gobierno solo podrá apartar al FGE por «incumplimiento grave o reiterado de sus funciones» y previo informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Asimismo, se prohibirá que el FGE comparezca ante el Consejo de Ministros, y cualquier comunicación entre este y el Ejecutivo «deberá constar por escrito y ser publicada».
La reforma también otorga «mayor autonomía funcional» al Ministerio Público, ya que el nombramiento, ascenso y régimen disciplinario de los principales fiscales pasarán a ser competencia del FGE, en lugar del Gobierno.
En realidad esta reforma es una consecuencia necesaria para la aprobación de la ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que dejará en manos de los fiscales, y no del juez de instrucción, la investigación de las causas penales. Los distintos informes que se han hecho sobre este anteproyecto de ley (tanto por parte del Consejo Fiscal como del Consejo General del Poder Judicial) han dejado claro que no se podía llevar a cabo el cambio de modelo procesal sin antes blindar la autonomía de los fiscales para que puedan actuar con la mayor independencia y con mecanismos para responder a imposiciones por parte del superior jerárquico.
Reforma de la Ley 50/1981
Otro de los puntos de esta reforma es el papel que se dará a la Junta de Fiscales de Sala, ya que podrá imponer su criterio al del fiscal general del Estado si cuenta con una mayoría cualificada de tres quintas partes.
En materia de transparencia, se establece que las asociaciones de fiscales «no podrán recibir financiación privada ni de gobiernos u organismos extranjeros». Además, estas deberán inscribirse en un registro oficial que dependerá de la Fiscalía General del Estado.
Por último, la preparación de opositores por parte de fiscales requerirá autorización previa del FGE y quedará reflejada en un registro público, también dependiente de la Fiscalía General. El objetivo, según el Ejecutivo, «es evitar conflictos de interés y aumentar el control sobre esta actividad».
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