El Consejo Fiscal estudia la compatibilidad de Delgado en Memoria Democrática tras ordenarlo el Supremo

A las puertas de ser llamado a declarar en el Tribunal Supremo por presunta revelación de secretos (en la causa del novio de Ayuso), el fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha convocado una reunión extraordinaria del órgano que representa la carrera para que examine la posible incompatibilidad de Delgado para ostentar esta jefatura. Lo ha hecho a instancias de la Sala Tercera del Supremo, que el pasado mayo ordenó retrotraer las actuaciones al momento anterior al nombramiento de Delgado dando voz al Consejo Fiscal, el órgano indicado para estudiar las causas de prohibición del artículo 58 del Estatuto Fiscal. En su afán de dar esta jefatura a su exjefa antes de que se celebraran las elecciones generales del pasado julio, García Ortiz prescindió de la opinión de los vocales del órgano, algunos de los cuales en señal de protesta por la negativa del fiscal general a posponer la reunión, ni siquiera llegó a participar en la votación.

Los magistrados señalaron que a diferencia del nombramiento de Delgado como jefa de la Fiscalía Togada del Supremo, en el que apreció «desviación de poder», «aquí no ha habido ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de aquellos para cuya satisfacción el legislador las concede a los poderes públicos. Simplemente se han incumplido unos preceptos legales en el procedimiento de provisión de una Fiscalía de Sala».

El artículo 58 del estatuto prohíbe a los miembros del Ministerio Fiscal ejercer sus cargos «en las fiscalías que comprendan dentro de su circunscripción territorial una población en la que su cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad ejerza una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función, a juicio del Consejo Fiscal«.

En este caso, Delgado es la mujer de Garzón, quien está al frente de un despacho jurídico y de una fundación, Fibgar, cuya misión es «combatir la impunidad de las violaciones a los derechos humanos, la corrupción y el crimen organizado en cualquiera de sus formas, para lo cual trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos y la jurisdicción universal». La especialización del despacho y de la fundación «coincide significativamente con la materia sobre la que versa la Fiscalía« para la que ha sido nombrada Delgado».

Recuerdan los magistrados que no es preciso que exista un determinado conflicto de intereses para estudiar esa causa de prohibición sino que lo relevante es el hecho de que ese conflicto pueda existir. Tampoco hay duda, señalaron, de que la apreciación de si media o no tal impedimento corresponde al Consejo Fiscal. De ahí que el examen sea necesario.

Por lo pronto, y ante la posibilidad de que la mayoría de los consejeros electivos aprecien esa causa de prohibición, Delgado ha recusado a tres de ellos: al de APIF, Salvador Viada, y a dos de los seis de la Asociación de Fiscales (Beatriz Sánchez y Miguel Rodríguez), los justos para que siga habiendo quórum para poder celebrar la reunión pero también para que los dos representantes de la UPF, y los tres miembros natos de la Fiscalía (cinco votos en total, contando con el de García Ortiz) puedan neutralizar los cuatro previsiblemente contrarios de la AF. A Viada lo recusa por «enemistad» hacia ella. A Rodríguez porque como miembro de la anterior ejecutiva de la AF suscribió duros comunicados hacia ella siendo ella fiscal general; y a Sánchez porque su marido ejerce en la misma circunscripción que ella.

La APIF ya ha dejado claro que para cumplir la sentencia del Supremo es necesario primero que el Consejo de Ministros anule el decreto de nombramiento y que después los candidatos que se presentaron a esta plaza se sometan a una nueva votación, pues al ausentarse la mayoría de los vocales de la votación original, en protesta por las formas con las que actuó García Ortiz, esa votación en realidad nunca llegó a celebrarse.