El Consejo de Europa reprende a los gobiernos que ocultan información que debe ser de acceso público

En su informe anual para 2022, que se ha presentado hoy en Bruselas, el Greco recuerda el papel que juega el acceso a la información para garantizar transparencia pública y para denunciar la corrupción. Lamenta que en algunos países hay gobiernos que siguen actuando con un amplio margen de discrecionalidad excluyendo ciertos documentos del libre acceso del ciudadano. El organismo europeo reconoce que las autoridades gubernamentales se muestran reacias a menudo reacias a divulgar información y prefieren aplicar excepciones que les permitan retener todo o partes de la información solicitada.

Para el presidente de Greco, Marin Mrčela, los gobiernos deben garantizar el principio general de transparencia de los documentos públicos en la práctica y que «cualquier excepción a la regla de divulgación pública debe ser limitarse al mínimo y estar debidamente justificada«. «Cuando se trata específicamente de la contratación pública, el escrutinio público y el acceso a los documentos oficiales son claves para prevenir la corrupción de manera efectiva», señala.

En su último informe de evaluación, que se ha presentado este jueves en Bruselas, Greco recuerda a los países que deben aplicar los principios de la Recomendación relativa al acceso a los documentos oficiales y la Convención sobre el Acceso a los Documentos Oficiales del Consejo de Europa, que requieren que cualquier limitación al derecho de acceso a los documentos oficiales debe ser proporcionado. Greco recuerda que en su quinta ronda de evaluación, centrada precisamente en la prevención de corrupción y la promoción de la integridad entre los gobiernos centrales y las fuerzas del orden, ya identificó una serie de deficiencias relacionadas con el acceso a la información en el proceso de elaboración de leyes.

Por ejemplo, los plazos de consulta pública a menudo no se respetan, y eso dificulta el proceso de consulta durante el que se podrían producir contribuciones significativas y tener capacidad para influir en el proceso legislativo.

Según informan fuentes próximas a este organismo, cuyo objetivo es identificar deficiencias en las políticas nacionales anticorrupción, a finales de 2022, poco menos de la mitad de las recomendaciones del Greco sobre los altos funcionarios de los gobiernos centrales se habían aplicado total o parcialmente.

No será hasta su reunión plenaria de noviembre de 2023 cunado Greco vuelva a evaluar en un nuevo informe el grado de cumplimiento de España de sus recomendaciones para prevenir la corrupción en los puestos ejecutivos del gobierno central y en las fuerzas policiales nacionales. En el publicado el 29 de marzo de 2022 este organismo concluyó que España no había cumplido satisfactoriamente ninguna de las diecinueve recomendaciones. De ellas siete se habían aplicado parcialmente y doce directamente no se habían aplicado.