El Congreso recupera el ritmo tras la DANA con otra posible derrota del Gobierno

La semana arrancará con una posible derrota del Gobierno en el horizonte por la incompatibilidad ideológica de varios de sus aliados. Y es que mañana por la tarde se discutirá en la Comisión de Hacienda y Función Pública el dictamen del proyecto de ley para imponer un nivel mínimo de tributación a las multinacionales y a las grandes empresas. Durante la tramitación de esta norma, el PSOE ha visto cómo sus socios empujaban en dos direcciones opuestas en lo tocante a los gravámenes excepcionales a la banca y a las energéticas, aprobados en su momento como respuesta a la crisis derivada de la guerra en Ucrania.

Sumar, ERC, Bildu y Podemos son partidarios de hacer permanentes los impuestos a la banca y a las energéticas, pero los socialistas han pactado con Junts y el PNV prorrogar durante 2024, 2025 y 2026 el gravamen a la banca y, a su vez, tumbar el de las energéticas, por lo que este último expiraría el 31 de diciembre. Esto ha llevado a que Sumar, que comparte el Gobierno de coalición con el PSOE, haya registrado sus propias enmiendas. Pero es que incluso si el partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz pasa por el aro por no generar un cisma en el Ejecutivo, el proyecto de ley está amenazado.

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Fuentes de Bildu consultadas por ABC valoran votar en contra del texto si no se hacen permanentes ambos impuestos, algo a lo que se oponen Junts y el PNV. «Ahora mismo están todos los escenarios abiertos», sostienen, y remarcan que decidirán mañana en la misma comisión. Desde Podemos se posicionan de forma similar, critican que se haya negociado primero con la derecha y avisan: «No podemos aceptar una medida así». Mientras, desde ERC, entre las cuestiones que han planteado al Gobierno para afrontar la gestión de la DANA, incluyen la necesidad de «adaptar el marco impositivo a la emergencia climática». Esto es: «Hacer permanentes los impuestos sobre los márgenes operativos de la banca y los beneficios de las energéticas, incluyendo deducciones para inversiones en proyectos de transición ecológica».

Si todos los socios de Pedro Sánchez mantienen sus posiciones de máximos, la derrota socialista parece servida. En el caso de que el dictamen prospere mañana, bien sea por un acuerdo o bien para ganar tiempo y seguir negociando, el proyecto de ley se debatiría el jueves en el pleno. En la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como 'ley mordaza', ERC y Bildu decidieron tumbarla la legislatura pasada en comisión al no aceptarse todas sus exigencias -algo que sí ha asumido ahora el PSOE-.

Más allá de esto, parece claro que Sánchez sí consumará su asalto a RTVE y que el Congreso designará los once consejeros que le corresponden según la nueva regulación del Gobierno, aprobada de manera exprés en plena crisis de la DANA. El pasado 30 de octubre, el día después de la tragedia, con la oposición de PP y Vox y la aquiescencia de la mayoría de la Junta de Portavoces, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, decidió suspender el pleno ordinario pero no el extraordinario que había convocado la víspera con un solo objetivo: convalidar el real decreto ley que garantiza al Ejecutivo y a sus aliados parlamentarios el control del ente público.

Esta semana la comisión de nombramientos ha validado a los once candidatos -el PP se negó a participar y Vox votó en contra- y pasado mañana, a las doce y media, se hará la primera votación en el pleno. En ella se requiere una mayoría cualificada de dos tercios, lo que pretendía garantizar la pluralidad del Consejo de Administración de RTVE, que no será posible. Dos días después, el jueves, se realizará la segunda votación, donde, gracias a la rebaja de mayorías, podrán salir adelante los nombramientos solo con 176 diputados a favor. Es decir, si el Ejecutivo recibe el respaldo de sus aliados, a varios de los cuales ha dado asiento en RTVE pese a ser independentistas, tendrá asegurado el éxito.

Esta semana se han desconvocado aún varios actos y comisiones por la DANA, pero a partir de mañana todo recobrará cierto aire de normalidad. Eso sí, la gota fría estará muy presente. El miércoles, antes de la sesión de control, con la mayoría de preguntas sobre la tragedia, comparecerá el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para detallar las medidas adoptadas por el Gobierno para responder a la situación de emergencia. El PP y Vox querían que fuese Sánchez quien lo hiciese o, en su defecto, la vicepresidenta y titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la que acusan de estar «escondida» en la crisis. Esta estará ese día en Bruselas por los 'hearings' de cara a su nombramiento como vicepresidenta de la Comisión Europea.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, preguntará a la vicepresidenta María Jesús Montero por qué no se tomó el control de la situación ante «la absoluta inutilidad» del Gobierno autonómico. Vox interpelará a la ministra de Hacienda, Margarita Robles, y el PP, al del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El jueves, además, se votarán los asuntos pendientes del pleno que se suspendió. Entre otras cosas, se decidirá si la Cámara Baja exige el cese del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras su imputación por presunta revelación de secretos.