El Congreso rechaza la ley de Vox para despolitizar el CGPJ en plena negociación entre el Gobierno y el PP

El CGPJ está compuesto por veinte vocales, doce de ellos elegidos entre jueces y magistrados y ocho, entre juristas de reconocido prestigio. La Constitución prevé que los ocho segundos los elijan el Congreso y el Senado –cuatro cada uno– con una mayoría cualificada de tres quintos. Inicialmente, los otros doce los seleccionaban directamente los propios jueces y magistrados, pero en 1985 se cambió la ley para que también los designe el Parlamento, que en la actualidad nombra a los veinte integrantes del órgano.

Desde diciembre del 2018 no se ha alcanzado la mayoría de tres quintos necesaria para renovar a los vocales, por lo que el actual CGPJ dobla el plazo de cinco años que debería durar su mandato, según consagra la Carta Magna. En septiembre del 2020 ya se debatió una propuesta de Ciudadanos para «despolitizarlo» y en mayo del año pasado, otra similar del PP. Ambas fueron rechazadas, al igual que otra intentona previa de Vox en una enmienda de totalidad a la reforma del PSOE y sus socios para impedir que el CGPJ haga nombramientos cuando esté en funciones, como ocurre ahora.

El diputado de Vox Javier Ortega Smith ha defendido la propuesta de su partido y ha reivindicado que es necesaria para «preservar» la democracia, el Estado de derecho y la separación de poderes. Pero ni siquiera se ha mostrado convencido durante el debate el PP, que, pese a compartir el fondo, ve aspectos mejorables en lo tocante a la Junta Electoral, las candidaturas, los plazos, las sustituciones de vocales, la circunscripción única que plantea Vox y el régimen de incompatibilidades.

«Proponen una división por categorías incongruente», ha dicho Fernando de Rosa, del PP, en alusión al planteamiento de Vox, que sugiere que de los doce vocales de la carrera judicial, tres deban ser magistrados del Tribunal Supremo, seis magistrados y tres jueces. Además, los populares acusan a la formación de Santiago Abascal de «copiar y pegar» la ley de 1980 como si la carrera judicial no hubiese cambiado «en cuarenta años». El PP en su iniciativa, por ejemplo, apostaba por la paridad entre hombres y mujeres. A pesar de todo, al final la ha apoyado.

En el debate, se ha visualizado también un rifirrafe entre el PP y el PSOE, en plena negociación en Bruselas, con mediación europea, donde el Gobierno y los populares exploran un posible acuerdo para desbloquear el CGPJ. Génova reclama precisamente, a cambio, un nuevo sistema de elección. «Cumplan con la Constitución y desbloqueen la elección de los vocales del CGPJ», le ha espetado el socialista Francisco Lucas a la bancada popular. Mientras, a su izquierda, Verónica Martínez, de Sumar, le presionaba a él para abordar una reducción de las mayorías necesarias para elegir a los vocales del órgano de gobierno de los jueces; algo ya planteado por PSOE y Unidas Podemos la pasada legislatura, y paralizado por la reacción europea.

Antes de ese punto, Mikel Legarda, diputado del PNV, había subido a la tribuna a defender la toma en consideración de la reforma de la Ley sobre Secretos Oficiales que su partido intenta impulsar en el Congreso desde 2016. Legarda ha explicado que su propuesta delimita la desclasificación de los secretos oficiales en un plazo de veinticinco años, con una eventual prórroga excepcional de diez, así como la desclasificación de las materias calificadas como reservadas a la década.

La iniciativa del PNV también establece que aquellas materias clasificadas que a la entrada en vigor de la ley hubieran cumplido estos plazos establecidos quedarán automáticamente desclasificadas. Esto serviría para conocer los documentos ocultos del golpe de Estado del 23F de 1981 o los relativos a los GAL. En la anterior legislatura, esta reforma ya pasó el primer trámite de la Cámara Baja, sin embargo, quedó bloqueada en un cajón durante su tramitación.

Los peneuvistas confían en que en esta quinta ocasión salga adelante para «acabar con una ley franquista» y que el Gobierno «no tenga la tentación de dejar morir este asunto como en tantas ocasiones en el pasado». De hecho, a pesar de que fue un compromiso de investidura, el PNV no se fía de las intenciones del Ejecutivo. La ley vigente sobre Secretos Oficiales es de 1968, está firmada por Francisco Franco y da potestad para decidir las desclasificaciones a un órgano que proviene de la dictadura y ya ni existe: el Consejo Nacional del Movimiento. El PSOE y los socios de investidura han apoyado este martes esta iniciativa en su primer trámite parlamentario, mientras que PP y Vox han votado en contra.

Por su parte, Podemos ha impulsado en el pleno una proposición no de ley para instar al Gobierno a romper relaciones con Israel y que exija un alto al fuego desde España. Quieren retratar al PSOE. Se votará este jueves por puntos a petición de los socialistas y no de forma íntegra. Sumar ha dicho que la apoyan.