El Congreso paga traductores que no usa por las ausencias de diputados

El resultado: el Congreso pagó durante dos horas a un intérprete que no abrió la boca. Distintas fuentes parlamentarias consultadas por ABC explican que esta no es la primera vez que pasa, ni mucho menos, lo que agrava las dudas sobre la necesidad de un servicio en un espacio donde todos los presentes dominan el mismo idioma, el castellano, que es además la única lengua oficial en todo el Estado. La socialista Francina Armengol prometió a los nacionalistas que iba a permitir el empleo del catalán, el euskera y el gallego, a cambio de que la apoyasen como presidenta de la Cámara Baja.

Precisamente este jueves se cumplió un año desde la primera sesión en la que se utilizó el sistema de traducción simultánea de las lenguas cooficiales. Se hizo en un pleno que debatía una reforma reglamentaria para permitir su uso, lo que desató la indignación de la oposición por el hecho de que se hablase ya en esos idiomas antes siquiera de que el Congreso les hubiese dado un sustento normativo. 365 días después, la Cámara Baja aún no ha adjudicado un concurso público para este servicio, pese a licitarse hace meses, y sigue tirando de contratos menores.

Cada jueves, los grupos parlamentarios deben solicitar con anticipación en qué comisiones de la próxima semana desean que se utilice la traducción simultánea para la interpretación de las lenguas cooficiales. El problema, según denuncian fuentes parlamentarias de distintos ámbitos, es que se repiten los casos en los que los diputados nacionalistas, después de haberlo pedido, no van a las sesiones y los traductores no tienen que intervenir. Ayer, en la Comisión de Defensa, se dio otro ejemplo.

Según estimaciones de fuentes parlamentarias, cada intérprete cuesta unos 600 euros (726 con el IVA incluido) por sesión. Ese fue aproximadamente el coste que tuvo el traductor de catalán que habían pedido este jueves ERC y Junts, que no participaron en los debates, pero la suma aumenta en las sesiones donde esto sucede habiéndose solicitado interpretación no solo de catalán, sino también de euskera y gallego. Según los servicios jurídicos de la Cámara Baja, la cuantía puede rondar los 2.000 euros por sesión.

En la Comisión de Defensa celebrada este jueves, donde se debatían proposiciones no de ley, solo intervinieron PP, PSOE, Vox, Sumar y Unión del Pueblo Navarro. Todos los diputados se expresaron en español. ERC y Junts faltaron a la cita, pese a haber solicitado la traducción del catalán, al igual que Bildu y PNV, aunque estos últimos no habían reclamado la interpretación del euskera al castellano, por lo que solo había un traductor 'trabajando'.

Desde que se empezó a utilizar el servicio de traducción por la llegada de las lenguas cooficiales, sigue sin cerrarse la adjudicación del concurso público que aprobó en marzo la Junta de Contratación del Congreso. Fuentes cercanas a la Presidencia de la Cámara Baja decían a este periódico el mes pasado que podía cerrarse «pronto» y, ahora, deslizan que la situación de interinidad puede estar «a días» de resolverse. No obstante, desde los servicios del Congreso son más prudentes y, aunque dicen que el proceso avanza, no se atreven a poner fechas.

En cualquier caso, por ahora solo puede garantizarse el servicio de traducción en hasta tres comisiones que se celebren simultáneamente, además de en el pleno, durante cuya celebración no pueden reunirse el resto de órganos del Congreso. A pesar de esa limitación, se dan situaciones como la de este jueves, en las que no se usan los traductores pedidos por los grupos –principalmente los nacionalistas– porque después sus diputados no van a las sesiones.

ABC adelantó este agosto que el Congreso destinó 780.546 euros entre septiembre del año pasado y este mes de julio por un total de 249 contratos menores firmados hasta el parón estival. Desde el reinicio de la actividad parlamentaria se ha reanudado el gasto en traductores, a la espera de la adjudicación del concurso público que termine con la coyuntura actual.