El Congreso desoye a los jueces y fiscales y sigue adelante con la reforma que modifica el acceso a la carrera

El Gobierno y sus socios han rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox dando así da luz verde a que continúe la tramitación de un proyecto de ley sobre el que cinco de las siete asociaciones de jueces y fiscales y el CGPJ han advertido que no respeta los principios de mérito y capacidad, pretende imponer un control ideológico y perjudica a quienes acceden a la carrera por libre oposición.

Muy crítica con el ministro Bolaños, artífice de esta ley, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo le ha reprochado que «tenga cuajo» para hablar de independencia judicial cuando consiente que desde el Gobierno se llame «prevaricador» al Tribunal Supremo por procesar a quien «ha filtrado datos para destruir a una rival política». «Este hecho, sin parangón ni precedentes en una democracia plena, por sí solo lo inhabilita», le ha dicho. «Nosotros no vamos a sumarnos a su bacanal». La diputada popular ha acusado al ministro de «despreciar el diálogo» no ya con la oposición, sino con los propios operadores jurídicos: jueces, fiscales, el Consejo General del Poder Judicial, a quienes pretende «imponer a matacaballo» el «control de la justicia» y a quienes acusa, además, de propagar bulos, «usted -ha dicho- el bulócrata reincidente».

Para Álvarez de Toledo, la reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal «no es una medida aislada, sino un paso decisivo en el proceso de mutación de España de democracia plena a democracia fallida», y todo para garantizar la «impunidad», de la que el Gobierno depende para «sobrevivir y resistir». Una impunidad de origen, ha añadido, que se inició con la aprobación de la amnistía. «Doy por hecho que por dignidad rechazará la ponencia filtrada» que ha calificado como «catástrofe intelectual a la par que moral».

La popular ha reprochado al Gobierno haber asumido el concepto de 'lawfare', «la chatarra retórica 'kirchnerista', antes patrimonio de etarras y golpistas», y lo ha acusado de normalizar el insulto a los jueces contra los «seis avisos tajantes» de la presidenta del Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló. En este contexto se ha referido a Sánchez como el «burro de Troya» y se ha preguntado hasta dónde está dispuesto a llegar. «¿Va a desobedecer a los tribunales? ¿Va a proclamarse por encima de la ley? ¿Tiene algún límite? No es una pregunta retórica, señorías. Es una pregunta existencial para nuestra democracia», ha dicho, acusando al presidente del Gobierno de abrir con esta ley otra herida a la «arquitectura institucional española».

Álvarez de Toledo ha insistido en que «el verdadero objetivo de la reforma que hoy debatimos es la colonización de la justicia», se penalizan los conocimientos («es contraproducente»), «se castiga a quienes acceden a la carrera por la vía más exigente de la oposición libre y se premia a quienes lo hagan por puertas laterales». Además, ha añadido, la ley modifica el sistema de evaluación, elimina pruebas objetivas y las sustituye por otras «más blanditas, 'light', 'soft', sujetas a la apreciación, subjetiva, siempre maleable, del examinador». «Así no se eligen jueces, señorías, se seleccionan afines». Más de lo mismo respecto a la regularización de los casi mil jueces interinos: «otra bofetada a los opositores y una consagración del atajo y la arbitrariedad». Como los jueces y fiscales, el Grupo Popular aboga por que las reivindicaciones laborales de los sustitutos sean atendidas, pero no de esta forma.

En la misma línea e igualmente contundente se ha mostrado la diputada de Vox Pepa Millán: «La reforma que hoy traen aquí para la carrera judicial y fiscal no es más que la plasmación por escrito de años llamando a los jueces fachas con toga. Es la reacción del Gobierno al considerar el Poder Judicial como un apéndice del PSOE que necesitan controlar, igual que hacen con el legislativo y el ejecutivo. Les quedaba el último, justo cuando la corrupción les acorrala y los escándalos les asfixian, con una ley que únicamente busca debilitar la justicia, secuestrar el Poder Judicial y dinamitar la separación de poderes», ha dicho.

Millán ha acusado al Gobierno de ir a por los jueces y fiscales «honrados y honestos que no se dejan comprar». «Este es el Gobierno que tiene a su mujer y a su hermano imputados por graves delitos, que mantiene a un fiscal general del Estado procesado, el Gobierno de los 'koldos', los Ábalos, las Jésicas; del rescate exprés de Europa, mientras Globalia financiaba los proyectos de Begoña, el gobierno de las maletas de Delsy, el que hacía caja durante la pandemia con las mascarillas, el de los paradores con las prostitutas, el que con un teléfono es capaz de llamar al Constitucional para que le anule las sentencias que pesan sobre miembros del PSOE», ha dicho.

Ha negado Millán que esta reforma vaya a fortalecer la carrera, como dice Bolaños. «El fortalecimiento de esta ley es a la carrera judicial lo que la amnistía a la convivencia», ha apostillado.

Ha hablado también la diputada de la colonización de las instituciones y recordado que «van a meter a más de mil nuevos jueces y fiscales sustitutos con la única existencia de ser graduados en derecho y cinco años de trabajo sin concretar de qué tipo, sin alcanzar los estándares mínimos y modificando el 20% de la carrera judicial por esta vía para hacerla cada vez más mediocre y con el objetivo de que no sirva como contrapeso al poder político tal y como está sirviendo en estos momentos».

Por su parte, Bolaños ha vuelto a defender su reforma por «necesaria e imprescindible» y ha destacado las bondades de las becas, de la nueva prueba escrita que formará parte de las oposiciones y el llamado cuarto turno acceso por el concurso-oposición, por el que entrarán 120 nuevos jueces junto con los 360 que lo harán por oposición.

El ministro ha insistido en que Europa obliga a España a regularizar a 1.000 jueces y 300 fiscales sustitutos, con una «situación de precariedad absoluta» y ha justificado que se retire la financiación a las asociaciones de jueces y fiscales. El ministro ni se plantea retirar la reforma pese al aviso de los profesionales de la justicia que ayer se manifestaron. «Cuando se aprobó la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 se dijo que iba a ser el caos y ese caos no se produjo; con los juzgados de violencia también se dijo», pero pasados los años «será un gran consenso». «Son las reformas del siglo XXI y vamos ya con retraso». A su juicio, «la mayor amenaza para la justicia es la falta de reformas».