El Congreso debatirá la próxima semana la senda de estabilidad sin que el Gobierno tenga los apoyos

La propuesta del Ministerio de Hacienda, que ahora deberá debatir la Cámara Baja, es que las comunidades autónomas tengan margen para incurrir en un déficit del 0,1 por ciento del producto interior bruto (PIB) entre el 2026 y el 2028, lo que les permitiría gastar casi 5.500 millones de euros más. La senda de estabilidad es el primer paso para aprobar los presupuestos y establece unos objetivos vinculantes de déficit público, deuda pública y regla de gasto para todas las administraciones del Estado. Junts, tras su portazo al PSOE, en principio votará en contra junto a PP y Vox, lo que impediría su aprobación.

Hasta esta legislatura, la aprobación de la senda de estabilidad se había considerado un paso 'sine qua non' hacia los presupuestos, aunque el año pasado, cuando PP, Vox y Junts tumbaron en el Congreso la propuesta del Gobierno, este empezó a amagar con la posibilidad de presentar unas cuentas estatales con los objetivos vigentes. La Constitución establece que los PGE deben presentarse tres meses antes de que expiren los anteriores, pero el Ejecutivo no lo ha hecho en toda la legislatura, que arrancó el 17 de agosto del 2023.

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En julio del 2024, PP, Vox y Junts rechazaron la senda de estabilidad planteada por el Gobierno. En paralelo, el Ejecutivo maniobró para colar una enmienda en la ley de paridad para terminar con la capacidad de veto del Senado a los objetivos de déficit y esquivar la posibilidad de bloqueo que tenía el PP con su mayoría absoluta en la Cámara Alta. Hacienda repitió su propuesta, pero en septiembre del año pasado —si se rechaza la senda de estabilidad, debe someterse otra a votación en un mes— la retiró al constatar previamente que la derecha separatista catalana seguía en el no.

Fuentes de Junts daban por hecho la semana pasada, a falta de que se conociese la senda de estabilidad fijada por el Gobierno, su rechazo. «Ya hemos dicho que vamos a votar en contra de los presupuestos», decía un diputado. El presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometieron a presentar los presupuestos antes de final de año, pero tras el divorcio con Junts, como informó ABC, el jefe del Ejecutivo renunció a ese objetivo.

Ya en septiembre, el Gobierno dejó caer que tenía la intención de presentar la senda de estabilidad «dentro de poco» para acelerar la tramitación de los presupuestos. Pero aunque el Congreso vote en contra de las cuentas, el Ejecutivo no tiene intención —o al menos eso mantiene en público— de adelantar las elecciones generales previstas para el 2027. Y eso que en 2019 la aprobación de las enmiendas a la totalidad a los PGE —entre ellas la presentada por ERC—, que conllevaba la devolución del proyecto al Consejo de Ministros, fue lo que motivó que Sánchez, quien entonces tenía expectativas electorales mucho más halagüeñas, anticipase los comicios.

Si como parece el Congreso tumba la senda de estabilidad el jueves de la próxima semana, el Gobierno deberá presentar otra en el plazo de un mes. Después, se activaría la tramitación de los presupuestos. O mucho cambia la película, o también estarán condenados al fracaso. No en vano Junts, con la salvedad de leyes que tenía previamente pactadas, ha anunciado que votará en contra de todas las iniciativas que partan del Consejo de Ministros por los «incumplimientos» del PSOE de su acuerdo de investidura. Entre otras cosas, los independentistas esperan que se aplique la amnistía al prófugo Carles Puigdemont, que Cataluña reciba competencias en inmigración y que el catalán sea oficial en la Unión Europea.