El Congreso aprueba la comisión de investigación por la dana y deja entrever otro cerco a Mazón

Esta comisión de investigación se sumará a las previamente constituidas en las Cortes Valencianas y en el Senado, donde el PP la controla con su mayoría absoluta. De hecho, la establecida ahora en la Cámara Baja llega meses después de lo que les habría gustado a sus proponentes, encabezados por Compromís, partido nacionalista valenciano que forma parte de Sumar, y casualmente se da este paso poco después de que los populares activasen la suya propia en la Cámara Alta. En efecto, ese ha sido uno de los argumentos defendidos por PP y Vox para posicionarse en contra de la impulsada este jueves por el Pleno del Congreso.

El PSOE llegó a decir que iba a promover su propia comisión de investigación, algo que nunca hizo, y después rechazó firmar la planteada por Compromís, a la que sí se sumaron los independentistas catalanes y, desde el Grupo Mixto, Podemos. Los socialistas favorecieron en la Mesa del Congreso que se pidiese dos veces la reformulación de la iniciativa, porque los letrados advirtieron que no se puede controlar competencias de administraciones autonómicas desde el ámbito estatal, pero finalmente terminaron aceptando la última propuesta tras lanzar el PP su propio órgano en el Senado.

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En el debate, alejado ya del calor de las riadas, el rescate y el recuento de fallecidos, se han apreciado dos posturas irreconciliables entre la izquierda, que pone todo el peso de la responsabilidad en Mazón, y la derecha, que denuncia también presuntas negligencias del Gobierno central tanto por la falta de previsión en obras que habrían mitigado, posiblemente, el impacto de la dana, como por la decisión de no declarar la emergencia nacional para que el Ministerio del Interior se pusiese al frente del operativo.

La primera en intervenir ha sido la diputada de Compromís Àgueda Micó, en valenciano, quien ha blandido el auto de la juez que investiga posibles negligencias en la gestión de la catástrofe para arremeter contra Mazón, a quien ha definido, directamente, como «un presidente criminal». A él le achaca las más de doscientas muertes que hubo en su comunidad autónoma, por la tardanza en el envío de alertas de protección civil a la población. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) lanzó el aviso rojo pasadas las siete de la mañana, pero hasta las ocho y doce minutos de la tarde, cuando ya había personas ahogadas y muchas otras luchaban por su vida, no llegó el mensaje a los móviles de la ciudadanía.

Micó ha acusado al Gobierno valenciano de menospreciar la gravedad de la dana, algo que no hizo, por ejemplo, la Universidad de Valencia, que con la misma información suspendió las clases, y ha lamentado su «falta de humanidad»: «Las víctimas están esperando las disculpas». «Señorías del PP, o Ana Rosa Quintana es la portavoz de Compromís o el ABC es nuestro nuevo diario de cabecera o Jiménez Losantos es nuestro 'influencer' de referencia o ustedes son los únicos que no se han enterado de nada», ha clamado, en alusión, entre otras cosas, de la portada de este diario con el editorial que exige la renuncia de Mazón a su cargo, tras imputar la juez a su exconsejera y ofrecerle a él declarar voluntariamente. «Aprobaremos una comisión que busca la verdad y que no está secuestrada por el PP», ha reivindicado, deslegitimando la constituida en el Senado.

Después de ella han intervenido Teresa Jordà (ERC), Isidre Gavín (Junts) y Javier Sánchez Serna, con discursos muy parecidos en fondo y forma. También, aunque no fuese proponente, el diputado de Bildu Mikel Otero. Republicanos y neoconvergentes, en un tono casi paternalista, han destacado los vínculos de Cataluña con la Comunidad Valenciana («País Valencià»), dentro de su idea de los 'Països Catalans'. Eso ha servido al parlamentario de Vox Ignacio Gil Lázaro para arremeter contra ellos, antes de, por primera vez, señalar también las posibles responsabilidades del Gobierno central.

«La reacción de Sánchez respondió a un cálculo político y por eso emprendimos acciones judiciales contra él y sus ministros», ha dicho el diputado derechista, por la negativa del Gobierno a declarar la emergencia nacional para asumir el mando. Mazón debe irse, ha concedido, pero ha rechazado una comisión, que, según él, solo servirá «como cortafuego por parte de la izquierda para construir el relato que a Sánchez y a la izquierda les interesa».

Para el final han quedado las intervenciones de Marta Trenzano (PSOE) y de Macarena Montesinos (PP), quienes se han mostrado especialmente duras, respectivamente, contra el Gobierno valenciano y contra el nacional. «15:13, una madre llama con su hija discapacitada dentro de su vivienda (Utiel). 16:11, a una mujer y varón mayores les llega el agua a la cabeza (Utiel). 16:50, dos personas mayores de 74 y 82 encima de la mesa (Utiel)...», ha comenzado la socialista, enumerando hasta nueve llamadas distintas a los servicios de emergencia, mucho antes de que a las ocho y doce de la tarde se enviase la alerta a los móviles de la ciudadanía, cuando Mazón ni siquiera había llegado, según su última versión, a la reunión del Centro de Coordinación de Emergencias de Valencia de Protección Civil (Cecopi).

La socialista ha negado el supuesto apagón informativo que denuncia el PP en la Confederación Hidrográfica del Júcar, organismo que debe alertar de los caudales de los ríos y depende del Ministerio de Transición Ecológica, y ha asegurado que desde primera hora funcionaron tanto sus avisos como los de la Aemet, al igual que estaban informando los medios de comunicación. Después ha asegurado que los populares han difundido «bulos» y ha aprovechado para hacer campaña por la líder del PSOE valenciano y ministra de Ciencia: «Diana Morant levantará la hipoteca moral de El Ventorro [el restaurante valenciano donde ese día almorzó durante horas Mazón con una periodista] (...). La miseria política tiene un nombre: Carlos Mazón».

Aguerrida, dispuesta a defender a su grupo de un debate de casi todos contra uno, Montesinos le ha dado la bienvenida irónicamente al Gobierno al Estado de derecho. «Hoy parece que no han insultado a una juez llamándola facha con toga. Nosotros, a diferencia de ustedes, siempre respetamos las resoluciones judiciales», ha comenzado, para contraatacar a continuación.

Primero ha dicho que el Gobierno no adecuó el barranco del Poyo, tras eso ha recordado que el día después de la tragedia se suspendieron todos los puntos del pleno del Congreso salvo la convalidación del real decreto ley que concedía al Ejecutivo y a sus socios el control de Radio Televisión Española (RTVE) y, por último, ha subrayado que en las Cortes Generales deben depurarse responsabilidades de la Moncloa y no de una administración autonómica. Eso, además, ha apuntado que ya se está haciendo en el Senado. «Esta comisión es un regalo a Sánchez de sus socios. No buscan la verdad, están en el rédito político», ha sentenciado.

A su intervención le han seguido una larga ovación de la bancada popular acompañada, desde los escaños de los grupos de izquierdas, por gritos de «Mazón, dimisión», que se han repetido tras la votación. En tierra de nadie, los diputados de Vox mantenían el silencio. La comisión de investigación pretende esclarecer posibles responsabilidades políticas en la dana y, aunque expresamente recoge la decisión del Gobierno de no declarar la emergencia nacional, las intervenciones de este jueves dan pistas sobre dónde buscarán culpables los grupos proponentes.