El PSOE apoya ahora tramitar la ley del PNV para maniatar la acción del CNI

Un nuevo cambio de opinión que se da en el seno del Ejecutivo en cuestión de dos años y que ha defendido el portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López: «Los tiempos avanzan a tal velocidad que dejan obsoletas regulaciones que teníamos antes». El debate para la toma en consideración de esta proposición de ley ha comenzado con los peneuvistas esgrimiendo los motivos por los que someter al CNI a un mayor control parlamentario es «necesario».

Se debe, explican desde el PNV, a que el uso que hizo la inteligencia española del 'malware' Pegasus para espiar a líderes independentistas, que se destapó en 2022, «hace necesaria» una revisión de los protocolos que se llevan a cabo para fiscalizar la actividad del CNI, comprendidos hasta ahora en la Ley 11/2002, Reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, que los de Aitor Esteban consideran «obsoleta».

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«'Mutatis mutandis'», ha sentenciado el diputado del PNV Mikel Legarda. Eso «debe» hacer el CNI, evolucionar y rendir cuentas de toda su actividad ante el Congreso, además de someter sus actuaciones a la aprobación de hasta tres magistrados del Tribunal Supremo que, por unanimidad, darán luz verde a las operaciones y los medios que utilice el servicio de inteligencia. Este es el plan que comprende el texto que han presentado los peneuvistas en las Cortes y que ha logrado, por primera vez, el respaldo del PSOE, que hace dos años tumbó la medida.

Este espaldarazo al PNV por parte del Ejecutivo llega en un momento en que la Moncloa mide sus movimientos con precisión de cara a sacar adelante unos presupuestos generales del Estado. Así, y sin hacer mención a los reproches del caso Pegasus, los socialistas han manifestado desde la tribuna de oradores su recién encontrada convicción de que el CNI debe someterse a un mayor control, tanto parlamentario como judicial, y suscriben la teoría del PNV de que «los tiempos cambian», y por tanto, las normas «también deben hacerlo». De la misma forma, Podemos -que se encontraba en el Gobierno en el año 2022 cuando se presentó por primera vez esta proposición de ley- ha asegurado que también apoyará esta medida, que ya rechazó, y celebran la posibilidad de que el CNI tenga que rendir cuentas de sus actuaciones a un número de diputados.

El debate se ha convertido rápidamente en una oportunidad para los socios de investidura de manifestar sus reproches en esta materia, sobre todo para las formaciones independentistas que se vieron involucradas en esas escuchas por parte de los servicios de inteligencia. Algo que desde el PNV han asegurado que se trató de una operación para «convertir los teléfonos de líderes del independentismo catalán en espías de bolsillo».

Tanto Junts como ERC coinciden en que la actitud de Sánchez con respecto a aquel episodio fue «tibia» y que el presidente hizo una serie de promesas que nunca se llevaron a cabo, como la creación de una comisión parlamentaria que investigaría el caso Pegasus, pero que, dos años más tarde, pese a haberse constituido esta legislatura, no ha empezado a rodar. «Se nos está agotando la paciencia», han asegurado desde Esquerra, para concluir con un aviso para los diputados socialistas: «Y pueden avisar al inquilino de la Moncloa que a todos se nos acaba la paciencia».

Esta nueva proposición de ley, avisan desde Vox, lo que previsiblemente puede llegar a provocar es que el CNI pierda agilidad en sus respuestas y sus acciones, ya que el texto que se va a tomar en consideración en el Congreso pone sobre la mesa todo un circuito de obstáculos que los servicios de inteligencia deben superar para dar luz verde a sus operaciones. En especial, la medida que propone un mayor control judicial por parte de tres magistrados del Supremo, en lugar de solo uno como hasta ahora, que deberán aprobar por unanimidad los medios y la actividad del CNI. Algo que, aseguran los de Santiago Abascal, acabará reduciendo la eficacia del mismo y supondrá una nueva vía para que Sánchez convierta otro organismo del Estado «en un lacayo del Gobierno».

Por su parte, el Partido Popular vaticina que a pesar de aupar la medida del PNV, la estratagema del PSOE consistirá en aprobar la toma en consideración, pero finalmente meter esta proposición de ley en un cajón. «No se va a debatir, ni se va a tramitar», sentencian los populares.