El Congreso amplía hasta el 7 de marzo el plazo para aprobar la amnistía en la Comisión de Justicia

En una reunión tensa, que ha durado casi dos horas, mucho más de lo habitual, las formaciones del Gobierno han impuesto su mayoría y han desoído las críticas de los populares. Ahora, el PSOE gana tiempo y tiene margen hasta el 7 de marzo para alcanzar un acuerdo con Junts per Catalunya, el partido del prófugo Carles Puigdemont, que el pasado 30 de enero votó en contra de la ley de amnistía en el pleno para provocar su regreso a la Comisión de Justicia, donde se pueden seguir negociando modificaciones.

«Se ha aplicado el 'artículo 54' del Reglamento, cinco son más que cuatro», comentaba un miembro socialista de la Mesa del Congreso a la salida de la reunión, repitiendo una broma interna que se ha instalado en el órgano rector de la Cámara Baja. Pero lo cierto es que esta vez, más allá de la consabida mayoría que ostentan PSOE y Sumar, en el PP ha generado mucho malestar la decisión, porque la entienden contraria al Reglamento.

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Los populares argumentan que el artículo 131 del Reglamento establece un plazo fijo, sin posibilidad de prórroga, en el caso de que la votación de conjunto de una ley sea rechazada por el Pleno y regrese a la comisión parlamentaria que la debatió inicialmente para emitir un nuevo dictamen. Concretamente, la norma parlamentaria indica un término de un mes. Sin embargo, al tramitarse la proposición de ley de amnistía por el procedimiento de urgencia, todos los tiempos se reducen a la mitad. Es por ello que, originalmente, cuando la Mesa se reunió el pasado día 6 de febrero estableció que, como mucho, la Comisión de Justicia tenía margen de maniobra hasta este miércoles. Quince días.

No obstante, tanto los socialistas como Sumar entienden que cabe renunciar a esa urgencia y agotar el plazo de un mes marcado en el artículo 131, en virtud del artículo 91 del Reglamento, que otorga a la Mesa la potestad de ampliar tiempos. En esta ocasión, los letrados del Congreso coinciden con ese criterio, aunque el PP no lo comparte porque considera que es distinto un término excepcional —marcado en el caso de que una ley orgánica sea rechazada por el Pleno tras sí haber aceptado el dictamen— que la ampliación del periodo para registrar enmiendas, por ejemplo.

«Es una tomadura de pelo. ¿Hasta cuándo se va a adaptar el funcionamiento del Congreso a las estrategias partidistas dictadas por un prófugo?», se preguntaban fuentes populares a la salida de la Mesa. Estas fuentes recuerdan que la ley de amnistía, contra el criterio de la oposición, se ha tramitado por el procedimiento de urgencia, recortando los plazos a la mitad, que se ha impedido la comparecencia de expertos en la Comisión de Justicia y que se ha rechazado pedir informes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Consejo Fiscal, como habría sido preceptivo en el caso de que el olvido legal del 'procés' se hubiese articulado a través de un proyecto de ley del Gobierno y no de una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista.

Desde el PP creen que prorrogar este plazo abre la puerta a que se amplíe 'sine die', como sucede con las enmiendas parciales cuando no hay acuerdo para aprobar una ley o los partidos con mayoría en la Mesa la quieren bloquear de forma torticera, pero fuentes socialistas lo descartan y subrayan que el mes establecido en el artículo 131 del Reglamento es insuperable. Es decir, que el 7 de marzo como tarde la Comisión de Justicia deberá emitir un nuevo dictamen para que la amnistía sea votada de nuevo en el pleno, donde, de no prosperar, esta vez decaería.

El escollo actual es el terrorismo, que Junts quiere incluir por completo en la norma, aunque el PSOE se resiste a modificar la redacción porque considera que pondría en peligro superar los filtros del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que con toda seguridad tendrán que revisar la amnistía ante los esperados recursos de partidos políticos y jueces.

Después de pactar enmiendas en la Comisión de Justicia, el PSOE ya aceptó retocar la redacción original de su proposición de ley para que en vez de no ser perdonables los casos de terrorismo con sentencia firme —circunstancia que no se da en el 'procés', donde las causas por este ilícito siguen investigándose—, no lo sean los actos terroristas que buscasen directamente atentar contra la vida de personas o someterlas a torturas. Los socialistas y ERC creen que bajo ese paraguas se da cobijo a todo el proceso separatista, pero Junts duda que sea suficiente para jueces como Manuel García-Castellón y quiere dar amparo a todo el terrorismo para blindar por completo a Puigdemont, a los Comitès de Defensa de la República (CDR) y a Tsunami Democràtic.