El Congreso admite ahora la petición de una cuestión de confianza tras el pacto entre el Gobierno y Junts

El partido del prófugo Carles Puigdemont aceptó reformular su iniciativa para explicitar que la cuestión de confianza es una prerrogativa exclusiva del jefe del Ejecutivo y que aunque saliese adelante su petición, esta no tendría ningún efecto jurídico. El Gobierno, a cambio, solicitó a sus formaciones, PSOE y Sumar, que diesen luz verde a la tramitación en la Mesa, después de que miembros destacados del Consejo de Ministros, como la vicepresidenta María Jesús Montero, hubiesen dicho que era inviable. En paralelo, los neoconvergentes comprometían su apoyo a un nuevo real decreto ley ómnibus reducido, con las medidas sociales que decayeron solo una semana antes, incluida la revalorización de las pensiones, pero sin las económicas, que se negociarán más adelante.

Puigdemont, el 9 de diciembre, exigió a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza para encauzar sus maltrechas relaciones. Ese mismo día, su grupo parlamentario en el Congreso registró una proposición no de ley que le instaba a pasar por ese trance. Esa iniciativa no tiene ninguna consecuencia, porque las proposiciones no de ley no vinculan legalmente a nada, pero una cuestión de confianza real, en el caso de no superarse, obliga al presidente del Gobierno a dimitir. El secretario general del PSOE no quería abrir ese debate en ningún caso y de hecho ya dejó claro el martes pasado que no planteará ese extremo aunque acepte ahora discutir la propuesta de Junts para retomar sus conversaciones y buscar su apoyo a los presupuestos generales del Estado, aún en elaboración pese a haber arrancado ya el segundo mes del año.

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Este diario adelantó las dudas jurídicas que planteaba la proposición no de ley en el cuerpo de letrados del Congreso, dado que, si bien no comportaba efectos legales, la mera petición al presidente podía cuestionar la confianza de la Cámara Baja en él fuera de los cauces establecidos tanto en la Constitución como en el Reglamento del Congreso. No obstante, el informe remitido a la Mesa por sus servicios jurídicos, tan extenso como ambiguo, abría la puerta tanto a la posibilidad de admitir a trámite la propuesta como de rechazarla. A ello se acogieron el PSOE y Sumar para no tomar una decisión en la primera reunión del órgano rector, en diciembre, e idéntica resolución adoptaron en enero ante el temor a que Puigdemont rompiese de forma definitiva con Sánchez. Ahora, tras el pacto entre el Gobierno y Junts, sí se acepta.

Fuentes cercanas a la Mesa del Congreso informan de que la proposición no de ley de Junts se debatiría el 25 de febrero, fecha en la que Junts tendría cupo para elevar al Pleno su iniciativa si es que finalmente decide hacerlo. El PP había avalado desde el principio su tramitación, pero el PSOE y Sumar han esperado a contar con el visto bueno del Gobierno, una vez reformulada para suavizar sus términos y subrayar que no tendrá consecuencias. El portavoz del Grupo Socialista en la Cámara Baja, Patxi López, ha adelantado que su partido se posicionará en contra, mientras que sus homólogos de PP y Vox, Miguel Tellado y Pepa Millán, han dejado en el aire su postura.

La Mesa, órgano rector de la actividad parlamentaria, ha designado este martes, además, a los cinco vocales que le corresponden para formar parte de la Junta Electoral Central (JEC). Este trámite, según marca la ley electoral, debería haberse completado en noviembre del 2023 —noventa días después de la constitución de las Cortes—, pero la falta de entendimiento político lo ha impedido hasta ahora.

La Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso aprobó este lunes la idoneidad de seis candidatos. Esto ha provocado, como se esperaba, que se excluya del organismo encargado de velar por la limpieza en las elecciones el profesor propuesto por Vox. La JEC se compone de ocho magistrados del Tribunal Supremo escogidos por sorteo y cinco catedráticos de Derecho, Sociología o Ciencias Políticas designados por la Cámara Baja. Fuentes de la Mesa consultadas por ABC detallan que los cuatro miembros del PP en el órgano han respaldado a sus candidatos, a los dos socialistas y al de Vox, pero que este último se ha quedado fuera porque tanto los tres miembros del PSOE como los dos de Sumar han apoyado a la candidata de esta última coalición en vez de al del tercer partido de la Cámara Baja.

El órgano presidido por la socialista Francina Armengol, que se ha reunido este martes durante alrededor de cincuenta minutos, ha aprobado también el calendario de plenos de este periodo de sesiones. El primero ordinario se celebrará la semana que viene y el miércoles, 12 de febrero, se debatirá la convalidación del nuevo decreto ómnibus del Gobierno, que, esta vez, a pesar de incluir el traspaso del palacete de París al PNV, no corre peligro porque tanto el PP como Junts han confirmado su apoyo.