Pumpido se compromete a defender la unidad de España como línea roja de su mandato en el Constitucional
La magistrada de la que dependía la otra aspirante da su voto al ex fiscal general
Opinión | Galgos o podencos, por Álvaro Martínez
Perfil | Cándido Conde-Pumpido: un magistrado dispuesto a mojarse por Sánchez
El primer Pleno del nuevo Tribunal Constitucional ha elegido presidente a Cándido Conde-Pumpido. El ex fiscal general del Estado ha obtenido los votos de todo el bloque progresista a excepción del de María Luisa Balaguer, que se ha votado a sí misma y ... ha logrado cinco votos gracias a los cuatro del sector conservador. Por su parte, la también progresista Inmaculada Montalbán será la vicepresidenta.
Aunque en sus primeras palabras ante sus compañeros Conde-Pumpido ha querido dejar claro que la unidad de España es una línea roja que en su mandato no se va a traspasar, lo cierto es que sobre el TC planea la amenaza de un nuevo andamiaje jurídico para los socios de Gobierno de Sánchez. Y también la sospecha de que el ex fiscal general va a jugar un papel fundamental en esta nueva etapa de concesiones del Ejecutivo a sus socios de Gobierno.
El intento hasta última hora del grupo progresista, mayoría en la etapa que ahora empieza, por llevar al Pleno a un solo candidato no ha dado sus frutos, con lo que no se ha podido evitar la fractura en el seno del órgano.
Como ya informó ABC, Balaguer estaba dispuesta a llegar a la presidencia con el respaldo de los cuatro magistrados conservadores, el suyo propio y un sexto que habría resultado decisivo para inclinar la balanza a su favor o beneficiar a Conde-Pumpido. Se trataba del voto de la magistrada progresista María Luisa Segoviano, elegida por unanimidad por el CGPJ y quien no había desvelado si apoyaría a Balaguer o si se sumaría a sus cinco compañeros para dar la presidencia a Pumpido, favorito del Gobierno. Ha sido su voto el que ha posibilitado la presidencia del magistrado.
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Con esta fractura interna, pero ya con presidente, el TC inicia su andadura con siete magistrados progresistas, cuatro conservadores (la plaza número doce, la de Alfredo Montoya, todavía está sin cubrir) y con parte de la política legislativa del Gobierno recurrida.
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