Zona de bajas emisiones en Valencia: el Ayuntamiento anuncia dónde comenzarán las restricciones al tráfico

La propuesta, que será aprobada este mismo viernes en la Junta de Gobierno Local y que tendrá carácter «transitorio y provisional», plantea «considerar» el Área de Prioridad Residencial, creada en noviembre de 2020, como zona de bajas emisiones, para cumplir con la ley de Cambio Climático y Transición Energética, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Desde el consistorio han incidido en que ambas figuras -el acuerdo de la JGL de creación de la APR y la ley 7/2021 de 20 de mayo- «comparten el objetivo común de mejorar la calidad ambiental mediante la mitigación de las emisiones de gases, humos y partículas contaminantes».

Carbonell ha defendido que la APR «cumple perfectamente los requisitos» para ser considerada una zona de bajas emisiones, puesto que ha argumentado que está restringido el tráfico y que «solo se permite la entrada a los vecinos». De esta manera, una vez se apruebe por parte de la Junta de Gobierno, la APR de Ciutat Vella será la primera ZBE que tenga la ciudad, «cumpliendo de esta manera la ley».

La propuesta del consistorio subraya que se entiende por zona de baja emisión «el ámbito delimitado por una Administración pública, en ejercicio de sus competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo, y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente».

Por otro lado, el planteamiento del gobierno municipal establece que la mencionada Zona de Bajas Emisiones tendrá «carácter transitorio y provisional», en tanto se apruebe por el Ayuntamiento «la ordenanza correspondiente para dar cumplimiento a lo dispuesto en el real decreto citado».

En cualquier caso, desde la Concejalía de Movilidad han garantizado que, «sin perjuicio» de lo anterior, «continuará trabajando» en la elaboración de la ordenanza definitiva que incluirá, además de la APR como Zona de Bajas Emisiones, «otras medidas» para el resto de la ciudad, dado que, ha indicado, «se han recibido fondos europeos para la puesta en marcha de dichas medidas adicionales».

Además, el consistorio se ha comprometido a que estas medidas adicionales no supongan «restricciones relevantes a los derechos de vecinos y comerciantes» y, al mismo tiempo, que los fondos recibidos «no sean devueltos a Europa».

Desde la oposición, el concejal de Compromís Giuseppe Grezzi ha celebrado que la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, y el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, hayan «reculado de su intención inicial de no crear ninguna» zona de bajas emisiones en la ciudad ante, según ha defendido, «las denuncias reiteradas» que han realizado desde la coalición y por el «estirón de orejas» de instituciones como el Defensor del Pueblo.

«Una vez más se cumple lo que habíamos denunciado: Carbonell y Catalá vuelven a improvisar para salir como pueden del charco en el que se habían metido», ha asegurado Grezzi, que ha advertido de que la primera edil y el concejal de Movilidad «reculan, pero vuelven a engañar» porque «ya se han encargado de que la APR se abra al tráfico de más y más coches». «Poco a poco ya están volviendo la contaminación y las emisiones. Quieren ganar tiempo, pero lo hacen de la peor manera, porque lo suyo es el plan de coche», ha agregado.