Ximo Puig acusa al Gobierno de deslealtad y falta de rigor por el recorte del Tajo-Segura

David Maroto

VALENCIA

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19/02/2023
Actualizado 21/02/2023 a las 08:34h.

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Guerra abierta por el agua. La Generalitat Valenciana, regida por el socialista Ximo Puig, ha decidido llevar a los tribunales al Gobierno central a tan solo tres meses de las elecciones del 28 de mayo por el recorte del trasvase Tajo-Segura. El recurso reprocha al Ministerio para la Transición Ecológica la vulneración de los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, lealtad institucional, transparencia, buen gobierno e interdicción de la arbitrariedad en la toma de decisiones. «Vamos a estar al lado de los regantes», defiende el presidente autonómico, quien también se ha topado de bruces en un acalorado cruce de intenciones y declaraciones con su homólogo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

El Gobierno valenciano argumenta en el recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto que revisa este plan hidrológico que la disposición adicional novena de este documento, en su versión enviada al Consejo de Estado y aprobada por el Ejecutivo central, «no cumple adecuadamente con la función coordinadora para la cual fue concebida en origen y carece de la funcionalidad suficiente para llevar a cabo esta coordinación y de compaginar las necesarias exigencias de contar con caudales ecológicos en el plan del Tajo con el funcionamiento del trasvase Tajo-Segura».

En términos económicos, el recorte del trasvase provocará unas pérdidas de 232 millones euros y afectará a más de 8.000 empleos, de acuerdo con los datos del documento elaborado por la Abogacía de la Generalitat. Además, se calcula en 485 millones la pérdida del valor de las superficies de regadíos que pasarán a secano.

El informe técnico sobre el que se basa el recurso de la Generalitat, consultado por ABC, señala que después de llevar a debate y votación el primer texto del plan hidrológico, se procedió a efectuar una nueva redacción del documento no aprobado por los integrantes del Consejo Nacional del Agua, situación que ha vulnerado la «lealtad institucional» y la «confianza legítima» para con el Gobierno de Sánchez.

Así, el Ejecutivo que preside Puig ha autorizado a la Abogacía General de la Generalitat a abrir un procedimiento judicial para solicitar la suspensión cautelar de los caudales ecológicos, después de que la postura del Gobierno de Castilla-La Mancha se impusiera a las demandas de los agricultores del sur de Alicante. «Se trata de buscar soluciones», argumentó el socialista valenciano, quien ha visto convertirse la guerra del agua en uno de los asuntos más escabrosos de cara a los próximos comicios autonómicos.

«Pensamos que nos asiste la razón. La disposición adicional que hablaba de una actualización en el año 2025 era lo razonable. Vamos a continuar en esa posición, defendiendo la legitimidad que tienen nuestros regantes de continuar teniendo acceso a agua para siempre», enfatizó Puig. Al respecto, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, consideró «necesaria e imprescindible» la petición de su homólogo valenciano de suspender cautelarmente los caudales ecológicos que afectan al trasvase Tajo-Segura, al mismo tiempo que apeló a «la unidad de las regiones del Levante».

En paralelo, la batalla por el agua ha abierto una profunda grieta entre los barones socialistas de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, claves en el porvenir de Pedro Sánchez en la próxima carrera electoral de finales de año. El presidente manchego aseguró que exigirá el cumplimiento íntegro de las sentencias del Supremo que establecen un caudal ecológico si el Levante no es solidario con su región, mientras que Puig le instó a «mirar aguas arriba y no abajo si tiene algún problema» y definió que «cada uno se califica con sus declaraciones», en un acalorado enfrentamiento de posturas que preocupa cada vez más en Moncloa.